a resolución de la Suprema Corte de la Nación es el típico caso del cohetero. No queda bien con nadie. Unos, porque consideran que la iniciativa que propone el Ejecutivo es anticonstitucional; otros, porque la pregunta churrigueresca con la que salen los jueces supremos se acerca más al reino del realismo mágico que al de una consulta pública.
Modificar la Constitución. Habría sido mejor tomarle la palabra al presidente López Obrador y abrir un proceso legal para la modificación del artículo 35 constitucional. En el marco de un Parlamento Abierto y con el concurso de universidades, centros de análisis y organizaciones de la sociedad civil para impulsar una amplia deliberación, podríamos ganar todos en lo que son los dos temas torales que implican la iniciativa del Presidente y la resolución de la Suprema Corte. Los dos temas son: deben ser juzgados los ex presidentes y la naturaleza que aspiramos tenga nuestra democracia.
¿Juzgar a los ex presidentes? Juzgar a los ex presidentes comporta tres cuestiones. La primera es el lapso. De acuerdo con la iniciativa de AMLO, se trataría de los ex presidentes ligados al neoliberalismo, aunque ahí faltaría Miguel de la Madrid. A mí me gustaría que se juzgara el desempeño de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo. Esto nos lleva a la segunda cuestión. Si se presume la existencia de delitos, habría que asegurarse de que son todavía vigentes, en cuyo caso debería seguirse un procedimiento penal normal. Quizás hechos en los que están involucrados los últimos dos ex presidentes cabrían en este supuesto. Respecto al resto de los ex presidentes –añadidos los que he propuesto– estaríamos ante las diversas posibilidades abiertas por la justicia transicional que con gran éxito se desarrolló en Sudáfrica y Chile. En México habría que partir de los resultados que obtuvo la Comisión de la Verdad que funcionó en el sexenio de Fox.
El debate hoy. La discusión sobre la democracia hoy se centra en cuestionar a la democracia liberal en el mundo y en nuestro país. Se hace desde dos ángulos: su insuficiencia para captar y procesar los intereses de los ciudadanos y su incapacidad para expresar los intereses de las clases subalternas. Lo segundo llevaría a sustituir la democracia liberal por algo que algunos llaman democracia directa y cuyas consecuencias podemos encontrar en China con la revolución cultural de Mao o en Camboya con el Khmer Rojo. Dados los genocidios a los que condujo esa democracia directa, me voy a concentrar en lo que considero el tema central para nuestro debate hoy.
Democracia. Como decía Carlos Pereyra, la democracia o es representativa o no es democracia. De suerte que la discusión para mí es cómo, con qué instrumentos buscas enfrentar los problemas reales como la crisis de partidos y de representación. Es decir, cómo fortaleces a la democracia.
Intermediarios. Aquí entra mi central discrepancia con la narrativa expresada por el presidente López Obrador. Toda democracia necesita de intermediarios. Partidos, asociaciones gremiales, centros de enseñanza, organizaciones no gubernamentales, iglesias, medios de comunicación. En todos los casos se necesitan reformas. El gran desprestigio y desconfianza ciudadana en partidos, sindicatos y en algunos casos a grupos empresariales u ONG, constituyen argumentos para la reforma y la deliberación, no para borrarlos de un plumazo.
La organización de la desconfianza. Pierre Rosanvallon, en su libro La contrademocracia, partiendo del déficit de confianza ciudadana hacia sus sistemas democráticos, da cuenta de la emergencia de contrapoderes sociales informales e instituciones destinados a compensar la erosión de la confianza mediante una organización de la desconfianza. Esos contrapoderes los organiza Rosanvallon en tres ámbitos: la democracia de control, la soberanía de obstrucción y el pueblo juez.
Seguiré con el tema.
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