La Secretaría de Gobernación (SG), responsable de la operación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, advirtió que esta figura no debe desaparecer y subrayó que el plan de extinción contradice acuerdos y análisis previos.

En tanto, Jade Ramírez, ex integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo, puntualizó que la eventual cancelación de ese fondo podría dejar sin recursos hasta 85 por ciento de las medidas de cuidado que ordena ese organismo, el cual tiene más de medio millón de beneficiarios registrados.

La SG llamó a los legisladores, con todo respeto, a reconsiderar su desaparición, porque habría un impacto negativo en todos los beneficiarios.

Entendemos la importancia de garantizar la transparencia de los recursos públicos, por lo que garantizamos establecer los mecanismos necesarios para su supervisión, indicó la dependencia.

Esta petición tiene el respaldo de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un instrumento de política pública que ante la violencia que enfrenta el país ha sido reconocido por organismos internacionales como una institución necesaria para garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos en México.

En la actualidad protege a mil 304 personas, 418 periodistas (111 mujeres y 307 hombres) y 886 defensores de derechos humanos (471 mujeres y 415 hombres).

Ramírez añadió que la lectura de la Secretaría de Hacienda para argumentar la cancelación del fideicomiso es desinformada, arbitraria e irresponsable. Incurre en un grave error y se evidencia su profundo desconocimiento, porque una cosa es la austeridad y otra es que a rajatabla quiera desaparecer estos fondos.

Integrantes de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos acudieron ayer a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de solicitar que intervenga para evitar la desaparición del fondo.