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Otorgan suspensión definitiva a Rosario Robles contra prisión preventiva

No implica que quede libre; la fiscalía puede impugnar el fallo

 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de septiembre de 2020, p. 12

El juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México otorgó una suspensión definitiva a Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, contra la prisión preventiva decretada hace un año por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la estafa maestra. Sin embargo, esta decisión no implica su libertad, además de que las autoridades pueden impugnar el fallo.

María Dolores Núñez Solorio, titular del juzgado, determinaría si modifica la medida cautelar y no un juez de control, contra la negativa de llevar el proceso bajo custodia en su casa, y así la ex secretaria de Estado abandone el penal de Santa Martha Acatitla, donde lleva privada de la libertad más de un año.

Sin embargo, la juez negó conceder a Robles Berlanga la suspensión definitiva en cuanto a la impugnación sobre la constitucionalidad del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que cuando las personas están enfermas o son de la tercera edad pueden enfrentar su proceso en libertad cuando tienen 70 años.

La juez argumentó que esa ley ya se discutió, está vigente y no se puede suspender. Se resuelve, primero, se niega la suspensión definitiva a Rosario Robles Berlanga contra el acto y las autoridades que se precisaron en el resultando y considerando primero de esta resolución, en virtud del razonamiento ahí expuesto. Segundo. Se concede la suspensión definitiva, contra el acto y la autoridad que se precisaron en el considerando segundo de esta resolución.

La audiencia intermedia de la ex funcionaria federal se programó para el 26 de octubre. La Fiscalía General de la República formulará la acusación por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 5 mil millones de pesos destinados a programas sociales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y por el que solicita le impongan una pena de 21 años de prisión.