l primer día de diciembre de 2009, el Senado de la República eligió a dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de las ternas que fueron enviadas por Felipe Calderón Hinojosa, entonces ocupante de Los Pinos. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ocuparía la silla del ala progresista de la Corte, que dejaba Genaro Góngora Pimentel, y Luis María Aguilar Morales la correspondiente al segmento conservador, que representaba Mariano Azuela Güitrón.

Aguilar Morales fue designado ministro presidente de la Corte en enero de 2015, con Enrique Peña Nieto como ocupante de Los Pinos, y fue relevado por Zaldívar Lelo de Larrea en enero de 2019, ya con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. La figura de Zaldívar en el máximo sitial de la Corte (y del Poder Judicial federal), de un corte cercano a la llamada Cuarta Transformación, aporta un aire de renovación que, sin embargo, no corresponde a la verdadera correlación de fuerzas dentro de ese cuerpo colegiado, donde domina la visión conservadora.

Al ministro Luis María Aguilar le tocó elaborar el proyecto de resolución sobre la solicitud de consulta popular que presentó el presidente López Obrador en busca de que se pueda procesar judicialmente a cinco ex ocupantes de la silla presidencial (Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña). Su propuesta considera inconstitucional tal solicitud, mediante un amplio alegato que define su voto individual en contra, pero no necesariamente de los demás ministros, quienes discutirán la ponencia de Aguilar Morales el primer día de octubre.

En esencia y en lenguaje llano, el ministro Aguilar considera que no hay necesidad de consulta alguna si las autoridades facultadas para ello pueden comenzar procesos judiciales contra ex presidentes y ciudadanos en general sin mayores requerimientos que contar con indicios suficientes o pruebas de delitos.

En la Revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020, Aguilar establece que si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el estado de derecho mismo (https://bit.ly/2G6Ybjw).

El ministro Luis María Aguilar sabe de conciertos o, al menos, de musicalidad. Fue uno de los asistentes a la boda de la hija del abogado Juan Collado, el 18 de mayo de 2019, en la que cantó el español Julio Iglesias. Dicho festejo congregó a una parte notable de los poderosos del pasado reciente, encabezados por Enrique Peña Nieto con tal concierto de ostentosas complicidades, que varios de los convidados están ahora en la cárcel, comenzando por el propio anfitrión, Collado.

Un juez federal ordenó la aprehensión de Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna, brazo derecho de Felipe Calderón Hinojosa en materia de seguridad pública. Se acusa a Cárdenas Palomino y a 12 policías federales de la detención arbitraria, golpes y tortura contra Mario Vallarta y Sergio Cortez, hermano y sobrino de Israel Vallarta, acusado de secuestro con la francesa Florence Cassez, y los hermanos Ricardo y Eduardo Granados.

Los cuatro agredidos en abril de 2012 están a la espera de sentencia, acusados de lo que los policías torturadores denunciaron para involucrarlos en la presunta red de secuestradores que decían encabezaba Israel Vallarta, quien lleva 14 años y nueve meses sin sentencia en una cárcel de alta seguridad.

Y, mientras se precisa que el presidente ejecutivo del consejo de administración de Femsa, electo en 2001, es José Antonio Fernández Carbajal, aunque en la entrega de ayer, titulada “ El Diablo y el líder cuántico”, por un error personal escribí de manera equivocada los apellidos… ¡Hasta el próximo lunes!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx