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Vetan obras y negocios para inmuebles catalogados y demolidos de manera ilegal
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de septiembre de 2020, p. 29

En cumplimiento a un mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso capitalino aprobó la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, que establece en su capítulo de delitos y sanciones la restricción de otorgar licencias de construcción u operación de giros en predios en los que se demolieron ilegalmente inmuebles catalogados, en tanto sean resueltas las sanciones y acciones jurídicas que correspondan.

Al presentar el dictamen, aprobado por unanimidad, la diputada de Morena Gabriela Osorio Hernández afirmó que se expide una ley que garantiza los derechos culturales relativos a la preservación, acceso y disfrute del patrimonio, y agradeció a personalidades e instituciones que desde diciembre de 2018 participaron en su diseño, como Elena Poniatowska, Susana Harp, Mardonio Carballo, INAH, INBA, la Unesco y la red ECOS, entre otras.

En su régimen transitorio, la ley reconoce a las colonias Juárez, Santa María la Ribera, Roma, Hipódromo, Condesa, Pedregal y Lomas, así como los centros históricos de Santa Fe, Cuajimalpa, Mixcoac, Tacubaya, San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac y Mexicalzingo como zonas afectas al patrimonio cultural urbano.

Incluye también el Paseo de la Reforma, Bucareli, Horacio, Tlalpan, Tacuba , Mazatlán, Durango, Insurgentes, Oaxaca, Veracruz, Ámsterdam, Miguel Ángel de Quevedo, Los Misterios, Guadalupe y Paseo del Pedregal. Como bosque urbano están Chapultepec, Alameda Central, Tepeyac, España, México, Luis G. Urbina, Los Venados y seis más, así como diversos panteones y canales.

Se crea la Comisión Interinstitucional para la Salvaguarda del Patrimonio de la Ciudad y Participación Social, un Consejo Social Consultivo, así como un fondo que otorgará recursos a las alcaldías para el cuidado de dicho patrimonio.

Adscrita a la Secretaría de Cultura, se instituye la Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad, formada por académicos, investigadores, cronistas y ciudadanos de las demarcaciones y los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas.

Plantea además la creación de una plataforma digital sobre el patrimonio desarrollada por la Agencia Digital de Innovación Pública para garantizar su difusión, recopilación, almacenamiento y despliegue de datos actualizados.