El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 que el Ejecutivo federal adelantó ayer a la Cámara de Diputados contempla una inversión de 113 mil 926 millones de pesos en los programas de seguridad pública. Los altos índices de violencia en nuestro país han alterado la convivencia y las actividades cotidianas de los ciudadanos, quienes continúan percibiendo mayor inseguridad en su entorno, lo que incide de manera importante en el desarrollo de la actividad económica y en general en el bienestar de la sociedad, aduce el texto.

A Sedena, $60 mil millones

De ese monto global se prevé un gasto de 60 mil 697 millones de pesos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De esa bolsa, a la operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos se destinarían 27 mil 961 millones; a la administración del sistema nacional penitenciario, 20 mil 856 millones, y a las actividades administrativas 8 mil 881 millones de pesos.

A la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponderán 21 mil 153 millones de pesos. A los programas de apoyo a la seguridad pública se derivarán 4 mil 103 millones de pesos. En la operación y desarrollo de cuerpos de seguridad de las fuerzas armadas se ocuparán 16 mil 549 millones.

Para la Secretaría de Marina se destinarán 6 mil 934 millones, que servirán para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad.

A la Fiscalía General de la República se prevé un presupuesto de 269 millones. Mientras, a las eentidades federativas, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, se les entregarían 17 mil 176 millones de pesos.

Así, se establece que recuperar la paz y preservar la seguridad de las personas y su patrimonio son prioridades del gobierno de México. Este gran esfuerzo requiere de toda la capacidad del Estado mexicano y sus instituciones para disminuir la incidencia delictiva y avanzar en la reconstrucción del tejido social, mediante una estrategia que atienda las causas estructurales que promueven la actividad criminal y la violencia.