or lo visto y documentado, en los gobiernos neoliberales el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue utilizado para todo, menos para lo que legalmente estaba obligado. Fue una cueva de ladrones y para ladrones, siempre que éstos pertenecieran a la banda de amigos y socios del régimen.

La actual titular del SAT, Raquel Buenrostro (y en su momento la que estrenó ese mismo puesto en la 4-T, Margarita Ríos Farjat, ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), ha documentado el enorme cuan ilegal filón de las empresas factureras y su clientela, la evasión legal de los grandes corporativos, la masiva devolución de impuestos y muchos negocios adicionales que durante años ordeñaron al erario.

De hecho, el presidente López Obrador denunció que entre la clientela de las factureras destacan gobiernos estatales, funcionarios públicos, partidos políticos, periodistas, “un servidor público de tercer nivel, un machuchón” y, desde luego, muchos empresarios, que maquinaron todo este fraude con influyentismo. Todos van a ser requeridos, no hay impunidad. No vamos a encubrir a nadie.

Y de cereza, López Obrador subrayó: Los impuestos no se van a utilizar para hacer rico a nadie, como era antes, que se hacían inmensamente ricos los servidores públicos, que apenas llegaban a los cargos de gobierno y empezaban a amasar grandes fortunas. Eso ya no.

Es muy sano para la República y las finanzas nacionales que se documenten y ventilen estos casos, y que se actúe en consecuencia, aunque hasta ahora las autoridades han denunciado el pecado pero no a los pecadores, cuando menos no a los que describió el primer mandatario. ¿Identificados gobiernos estatales, funcionarios públicos, partidos políticos, periodistas, “un servidor público de tercer nivel, un machuchón” y empresarios? Muy bien, pero nombres y apellidos, por favorcito.

En vía de mientras el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, destapa más cloacas, variaciones del mismo tema: en gobiernos anteriores el SAT era un simulador y un distractor de la lucha contra la evasión fiscal vía la emisión de facturas falsas. Por ahora la autoridad tiene listadas a casi 10 mil empresas y personas que se dedican a dicha práctica, pero el universo de involucrados en la evasión fiscal mediante estas operaciones es más extenso ( La Jornada, Dora Villanueva).

Romero Aranda detalla que “la simulación con la que se trató todo el tema de la evasión fiscal –particularmente en el sexenio anterior– tiene una de sus pantallas en la propia legislación (artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), el cual nada más es un simulador que se puso en la ley desde 2014 (la reforma de Luis Videgaray). En dicha norma se detalla el procedimiento para informar, detectar y advertir de las empresas fantasmas y simuladoras de operaciones la conocida lista negra del SAT, pero de ahí… nada pasaba. A la Procuraduría Fiscal nunca enviaban esos procedimientos. ¿Realmente qué hacían? Proteger las operaciones de modo que nunca llegara a temas penales y que nunca hubiera mayor sanción a las empresas. La política de fiscalización se concentró en dejar en el limbo de la lista negra a las presuntas evasoras sin otra consecuencia; a otras ni siquiera las incluyeron” (ídem).

El procurador subraya: “Ir contra las factureras es realmente acabar con 70 por ciento de la corrupción en el país, porque aquí encuentras esquemas de desvío de recursos públicos, de moches, de lavado de dinero, con esquemas de no pago de impuestos. Éstos se hicieron para ponerle en la torre al país. No entiendo su existencia sin la participación de gente del SAT en sexenios anteriores. Eran protegidos desde el gobierno. Anualmente, alrededor de 500 mil millones de pesos eran evadidos por las empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas”.

De ese tamaño fue la bondadosa actitud del SAT y de la Secretaría de Hacienda.

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