Los ecosistemas forestales custodiados y manejados por las comunidades son fundamentales para la provisión de agua. CCMSS / Víctor Abreu

Agua y territorio, la reintegración pendiente

Adrián Pedrozo Acuña Director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Guadalupe Espinoza Sauceda Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat

Las decisiones relativas al agua implican procesos a través de los cuales las sociedades proveen de agua segura para la salud, el bienestar y la productividad económica. Desde tiempos antiguos, las naciones, regiones y ciudades se han empeñado en incrementar la capacidad de nuestros sistemas para compensar los impactos de sequías e inundaciones, mientras atendemos demandas de usuarios cuyo uso de agua está en competencia.

Durante el desarrollo industrial del siglo pasado, las decisiones relativas al agua se concentraron en la formulación e implementación de planes para modificar ríos, aprovechar los acuíferos y tratar las aguas residuales por medio de obras públicas de gran escala. Esta aproximación persistió durante años y se explica como consecuencia de una visión fragmentada e inercial en nuestro pensamiento.

No fue sino hasta los años 90, por medio del concepto de la Gestión Integal de Recursos Hídricos (GIRH), que se integró una visión más interdisciplinaria que pudo incorporar formas de manejo innovadoras como la reutilización, la captación de agua de lluvia, las medidas no estructurales para la gestión de inundaciones, entre otras. A pesar de este avance, este paradigma considera al agua como un recurso que puede ser estudiado y dominado técnicamente, bajo una estrategia dependiente del conocimiento del ciclo hidrológico (enfocándose en su cantidad y calidad), soslayando las dimensiones social y ambiental, que incorporan conceptos como justicia, equidad y la importancia de considerar la voz de las comunidades que habitan los territorios donde se encuentran ríos y acuíferos. Con el pasar de los años, esta tendencia y paradigma comienza a ser cuestionado por otros factores. Entre ellos la urgencia de los extremos climáticos, el crecimiento poblacional y, sobre todo, un creciente clamor social por decisiones más incluyentes y democráticas en torno al agua.

Acuacultura campesina, en los alrededores de la ciudad de Xalapa. CCMSS / Ariel Ojeda

En todo el mundo, esta fragmentación técnica del agua, dio lugar a la separación conceptual de este elemento del territorio, generando conflictos sociales, también presentes en la historia de México. Para no ir muy lejos, en nuestro país el punto de partida de la demandas sociales exigidas durante la Revolución Mexicana por parte del zapatismo, no fue la parcela de labor exclusivamente, sino siempre y enfáticamente: tierras, montes y agua, es decir, territorio. El agua forma parte de un concepto social y ambiental amplio y cuya abundancia, distribución y calidad condicionan la organización y el desarrollo de las comunidades.

Las asimetrías en la distribución del agua y la tierra son un problema añejo, agravado en años recientes por la profundización de un modelo de desarrollo que hoy se encuentra en crisis. Los tiempos de hoy, indican la urgencia de transitar a formas menos fragmentadas de gestión del agua, territorio, energía y recursos asociados, de tal manera que sea posible maximizar el bienestar social de una forma más equitativa, al mismo tiempo que garantizamos la seguridad alimentaria y nos adaptamos a los impactos del cambio climático. Esta reintegración conceptual de agua y territorio permite poner al frente de nuestras preocupaciones al sector de la población más vulnerable, es decir en condiciones de pobreza rural o urbana.

En el caso del agua, vivir en la pobreza es sinónimo de un limitado acceso a ella y de una precaria seguridad hídrica, que a su vez se relaciona con la limitada garantía de los derechos asociados al agua de toda la población que se encuentra en esta situación. Por esta razón, somos testigos del nacimiento de un segundo enfoque global para entender al agua, uno que da lugar a un paradigma de mayor participación ciudadana en las decisiones. La inclusión de la sociedad es necesaria por diversas razones, siendo la más importante que posibilta la solución de causas olvidadas y socialmente justas. El agua es parte del territorio y la identidad local, a través de ella se vinculan valores culturales, éticos y morales de las comunidades en el país y el planeta.

El punto de partida para considerar formas más efectivas de participación ciudadana surge de una premisa ética: cualquier persona que así lo quiera debe de estar incluida en las decisiones que afectan su territorio. Al menos, en los niveles adecuados para su vida personal. Este argumento de inclusión implica que diferencias de raza, etnicidad, ingreso y género no deben ser barreras para tener influencia sobre la distribución y protección del agua.

El reto es la construcción de políticas públicas basadas en el interés social o público, que consideren equidad, justicia, inclusión, participación e innovación en todas sus etapas, lo que implica un entendimiento de las formas en las que se construyen socialmente las escalas espaciales del territorio y los hidro-paisajes. Esto implica reconocer que no hay grupos sociales, élites, o expertos que tengan el monopolio del conocimiento del agua, abriendo la puerta a una participación amplia e incluyente, que permita asegurar que todas las formas de control sobre el agua se atemperen a través de la justicia y la responsabilidad social.

Sociedad y gobierno tenemos el deber de generar una tierra común que permita expresar las preocupaciones culturales y sociales relacionadas con el agua. La transparencia en la información, la evidencia científica y la ética son elementos clave para la reconstrucción de esa confianza. •