A más de un mes y medio de iniciada la contingencia sanitaria por el Covid-19, únicamente cinco entidades federativas han hecho públicas sus contrataciones de bienes y servicios para hacer frente a la pandemia, y ante la falta de vigilancia suficiente, existe el riesgo de contratar a empresas fantasmas, ya que el sector salud es uno de los más vulnerables a la corrupción, indicó la organización Tojil-Estrategia contra la Impunidad.

En el contexto del programa #SusanaVigilancia –lanzado junto con otros colectivos civiles para dar seguimiento a los programas y acciones gubernamentales contra el coronavirus–, Tojil señaló que hasta ahora sólo Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y la Ciudad de México han dado a conocer los recursos dedicados para la lucha contra el Covid-19, que ascienden en total a 4 mil 951 millones de pesos.

Las restantes 27 entidades, además del gobierno federal, aún no publican esos datos, y ante las recientes controversias sobre bienes y servicios adquiridos con sobreprecio, dicha opacidad puede significar un riesgo adicional cuando se realizan contrataciones de emergencia.

Por otro lado, Tojil y los colectivos Justicia Justa e Impunidad Cero alertaron que el sector salud es uno de los más vulnerables en temas de irregularidad y corrupción, como lo demuestra el hecho de que entre 2014 y 2019 diversos organismos sanitarios asignaron contratos públicos a empresas fantasmas por más de 4 mil millones de pesos.

Ante esa situación hicieron un llamado urgente a las autoridades del país a que establezcan mecanismos de control para reducir el riesgo de que las contrataciones realizadas para combatir la pandemia de Covid-19 sirvan para desviar recursos.

Formularon diversas recomendaciones, entre ellas tomar medidas adicionales para comprobar que las empresas participantes pueden cumplir con el contrato y hacer una fiscalización reforzada mediante los Órganos Internos de Control.