Debido a la crisis provocada por la epidemia de Covid-19, hay riesgo de que las políticas y acciones en favor de las personas con discapacidad sean frenadas, coincidieron organizaciones que defienden los derechos de este sector de la población.

La organización Libre Acceso señaló que si esto sucede podría generarse un rezago de cuando menos 20 años, porque las iniciativas en la materia avanzan de manera muy lenta.

Enrique Grapa, presidente de la fundación Inclúyeme, destacó que la crisis económica nos va a pegar a todos, pero a los más discriminados les va a pesar más. Indicó que esa organización impulsa la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero con el Covid-19 será más difícil lograr colocarles en un puesto de trabajo, y agregó que actualmente ya hubo despidos.

Laura Bermejo, presidenta de Libre Acceso, expuso que las necesidades de esta población se hacen a un lado cuando surgen otras. A veces es más importante pensar en temas de economía, seguridad, y sí lo son, pero no se debe quitar de la mira que la discapacidad siempre está incluida en ellos.

Resaltó la publicación de la Guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto del Covid-19, cuyo objetivo principal es dotarlas de herramientas para hacer efectivo su derecho a la salud, para que puedan continuar con sus actividades de desarrollo integral, terapéutico y de rehabilitación, así como evitar casos de discriminación en hospitales y clínicas.

Lídice Rincón Gallardo, presidenta de la fundación Gilberto Rincón Gallardo, rechazó que puedan frenarse las acciones en favor de esta población, pues afirmó que cuando hay voluntad, se tengan o no recursos, hemos trabajado. El diseño de la política pública se puede hacer aun sin fondos.