Una vez promulgada la Ley General de Amnistía, esta misma semana se podrá liberar a unos 600 presos que presenten mayor riesgo de contraer el Covid-19, y se iniciará el procedimiento para excarcelar de inmediato a cerca de 5 mil más, con miras a evitar contagios en los centros de reclusión federales.

Senadores de oposición insistieron en que, de acuerdo con la propia ley, hasta dentro de dos meses podrán salir de prisión los beneficiados con esa amnistía, ya que se establece ese plazo para que el Presidente de la República designe a la comisión encargada de dar cumplimiento a la ley.

Sin embargo, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sostuvo que la comisión encargada de seleccionar a quienes se beneficiarán de esa ley se echará a andar de inmediato, y reveló que el Poder Judicial tiene plena disposición para diseñar el proceso de liberación de los presos y tener jueces disponibles con ese fin.

Es un punto que se habló ya con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, dado que en los transitorios de la ley se establece que el Consejo de la Judicatura Federal determinará a los jueces competentes que conocerán en materia de amnistía.

La minuta se aprobó sin cambios en el Senado el lunes pasado por la urgencia de que fuera promulgada y se evitaran contagios masivos en los reclusorios del país y, tal como está, puede cumplirse a la brevedad con ese objetivo, recalcó.

Ya se ha avanzado mucho en la creación del censo de las personas vulnerables que pudieran ser beneficiadas, mayores de 65 años, mujeres embarazadas, indígenas, con problemas de obesidad, diabetes o hipertensión grave.

Explicó que se tiene una lista preliminar de entre 500 y 600 personas de un universo de aproximadamente 10 mil, que no han cometido delitos graves, que no son reincidentes y no han actuado con violencia ni con el uso de armas.

El senador Monreal precisó que en los transitorios de la ley, se establece asimismo que la Secretaría de Gobernación promoverá ante los gobiernos y los congresos locales la expedición de leyes de amnistía similares a ésta, que opera a escala federal, ya que hay entre 150 y 160 mil procesados por delitos similares –aborto, robo sin violencia posesión de drogas, así como indígenas que no tuvieron acceso al debido proceso– que también deben ser excarcelados.