En una resolución inédita, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el Estado mexicano es responsable por detención arbitraria de un migrante salvadoreño y de un ciudadano de origen ruso, que fueron internados, por separado, varios meses en estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), con lo que se violaron sus derechos humanos.

Esa instancia internacional pidió la indemnización y otras medidas de reparación del daño para los dos agraviados, conforme al derecho internacional. Es de señalar que ambos casos se dieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Esta decisión cobra especial relevancia ya que las autoridades mexicanas han defendido que la retención en estaciones migratorias es una acción administrativa, pero es la primera vez que un organismo global califica ese confinamiento como detención arbitraria.

El Grupo de Trabajo de la ONU exigió al Estado mexicano una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias de la privación arbitraria de la libertad de estas dos personas, así como adoptar medidas contra responsables de la violación de sus derechos. Se trata de los casos del salvadoreño José de la Paz Ferman Cruz y del ruso Aren Boyazhyan, quienes fueron representados ante el organismo internacional por el equipo de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, de la Universidad Iberoamericana.

El primero huyó de El Salvador en 2015, luego de que mataran a su madre y violaran a su hija. Cuando llegó a México fue detenido por personal del INM y enviado a la estación migratoria Siglo XXI, donde estuvo recluido por nueve meses.

Boyazhyan es originario de Sebastopol, Crimea, territorio en disputa bajo control ruso pero que es desconocido por Ucrania. En 2013 arribó a territorio mexicano como turista, para vivir con su pareja, pero tres años después agentes del INM irrumpieron en su casa, en Tijuana, y lo arrestaron por no tener papeles. Estuvo detenido por un año y sufrió varios intentos de deportación, a pesar de haber solicitado asilo. En diciembre de 2019 recibió la protección de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, luego de ser reconocido como apátrida.

El grupo de la ONU remitió el caso para su análisis a varios relatores especiales del organismo como el de Tortura y Otros Malos Tratos y el de los Derechos Humanos sobre los Migrantes, por citar algunos.