n la conferencia de medios que todas las mañanas tiene lugar en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, presentó abundante información sobre cifras, tendencias y perspectivas de la violencia y la inseguridad en el país. A su vez, los titulares de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, reseñaron los avances del despliegue de la Guardia Nacional en las distintas regiones de la República y operativos portuarios de combate a la evasión fiscal.

La principal novedad es que, de acuerdo con la presentación de Durazo, basada en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Inegi, el número de homicidios presenta un punto de inflexión con respecto a la tendencia creciente que había venido experimentando desde 2007 y, con mayor precisión, a partir de 2015. Aunque las muertes violentas en México continúan siendo exasperantemente elevadas y su disminución a partir del primero de diciembre de 2018 es pequeña, el funcionario señaló que cuando menos se ha logrado que dejen de aumentar.

Los logros de la estrategia de seguridad en curso son mucho más claros en los rubros de secuestro y de robo en todas sus modalidades (de vehículo, a transeúnte, en transporte colectivo y a casas habitación), en los cuales hay una perceptible reducción de hechos ilícitos. En contraste, el gobierno de la Cuarta Transformación no ha conseguido alterar las tendencias al alza del feminicidio –que es uno de los crímenes más agraviantes para la sociedad– ni de la extorsión. En términos generales, la incidencia de delitos del fuero federal ha disminuido en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, de 10 mil a poco menos de 7 mil casos mensuales. Los rubros en los que este gobierno puede presumir éxitos contundentes son en el combate al robo de combustibles (que pasó de un promedio mensual de casi 80 mil barriles diarios a 5 mil durante 2019 y en lo que va del presente año) y la lucha contra la evasión fiscal.

Ciertamente, sería prematuro hacer juicios generales sobre la eficacia de la estrategia de seguridad pública establecida desde el primero de diciembre de 2018; la Guardia Nacional inició operaciones hace menos de un año y su formación y despliegue distan de estar completos; los programas sociales y los planes regionales de desarrollo –que forman partes fundamentales de esa estrategia– aún no han alcanzado su plena operación, en lo que hace a los primeros, o están apenas en sus fases iniciales, en el caso de los segundos. Por lo demás, el combate a la corrupción no ha logrado penetrar en diversos ámbitos institucionales.

Es claro que, de funcionar de acuerdo con las previsiones del equipo que gobierna en lo federal, tal estrategia requiere de más tiempo, lo cual no es ningún consuelo para los sectores poblacionales afectados por la inseguridad y la violencia delictivas. La situación es particularmente grave para las mujeres en tanto que víctimas de una forma particular de agresión, arraigada, extendida e incluso creciente, cuyas expresiones más extremas no se ven afectadas por las acciones oficiales en materia de seguridad. En este punto es insoslayable la necesidad de formular una estrategia específica para abatir los ataques de toda suerte contra la integridad y la vida de las mujeres.