Además de las reformas prioritarias pendientes, a partir del primero de febrero en que reanuda sus trabajos, el Senado debe desahogar más de 180 minutas provenientes de la Cámara de Diputados que quedaron pendientes de la pasada legislatura y se deben dictaminar.

Entre ellas, diversas reformas, aprobadas ya por la colegisladora, relacionadas con medidas en favor de la paridad y contra la violencia política en contra de las mujeres.

Por ejmplo, el Senado recibió en diciembre pasado, casi al cierre del periodo de sesiones, una reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, por la que establece sanciones a quien por razones de género menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales de mujeres.

La pena para quien incurra en ese delito es de uno a tres años de prisión y para quien emita propaganda político electoral con elementos denigrantes en contra de una precandidata, candidata o funcionaria pública o de un tercero con quien guarde relación familiar, vida en común o relación afectiva.

Si se trata de un servidor público la pena impuesta se incrementará hasta en una mitad y se le destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo público. Si además se emplea violencia física, sexual o amenazas, la pena se eleva y es de cuatro a siete años de prisión.

Otra minuta es la que reforma diversos artículos de la ley General para la igualdad entre hombres y mujeres. Establece que dentro de la política nacional se propondrán los mecanismos de operación adecuados para la participación paritaria en la toma de decisiones políticas.

La reforma plantea, asimismo, que las autoridades correspondientes promoverán la participación y representación paritaria entre hombres y mujeres dentro de las estructuras políticas de los partidos políticos y en altos cargos públicos. Se prohíbe la discriminación en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera, en los los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.