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Investigar las matanzas en Bolivia luego de la renuncia de Morales, plantea la CIDH
 
Periódico La Jornada
Lunes 2 de diciembre de 2019, p. 32

Madrid. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planteó crear un grupo interdisciplinario e internacional para investigar lo acontecido tras las elecciones del 20 octubre que dieron lugar a la crisis política y social en la que está inmersa Bolivia, iniciativa que respaldó el exiliado presidente Evo Morales.

El grupo que plantea debe estar conformado por expertos que investiguen a profundidad lo ocurrido luego de la renuncia de Morales, informó el relator de la CIDH para Bolivia, Colombia y Venezuela, Francisco José Eguiguren, durante una entrevista con la cadena CNN.

Eguiguren, quien calificó la situación de Bolivia de alarmante, declaró que hubo dos masacres claramente verificadas, al aludir al ataque de fuerzas de seguridad contra manifestantes en El Alto y Cochabamba que se saldó con más de 20 personas abatidas a balazos.

El relator de la CIDH criticó que las informaciones oficiales hablen de muertes que se dieron en enfrentamientos entre civiles.

Hizo hincapié en que la matanza de El Alto ocurrió tras la aprobación del Decreto Supremo 4078, que eximía a los militares de responsabilidad penal por sus acciones en los operativos de establecimiento del orden, que ya revocado.

Morales expresó su apoyo a la propuesta de la CIDH de investigar las masacres cometidas por el gobierno de facto.

Urge este apoyo porque en Bolivia no hay estado de derecho que brinde garantías para organizaciones de derechos humanos nacionales, que son asediadas por grupos de choque fascistas, agregó.

La delegación argentina en solidaridad con Bolivia denunció que el gobierno golpista perpetró delitos de lesa humanidad y los hostigó mientras realizaban su labor de observadores.

Aseguran que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos tras corroborar delitos como la desaparición forzosa de personas, situaciones de tortura en espacios públicos, violaciones y delitos sexuales y falta de garantías procesales para los detenidos.