o acordaron en París en diciembre de 2015 y unos meses después fue suscrito por 195 países. Su objetivo: evitar que la temperatura global suba más de dos grados centígrados; para ello, se establece un esquema de compromisos nacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque pudo haber sido más ambicioso en sus propuestas, en la capital francesa se trazó el camino hacia un mundo sostenible mediante cambios drásticos en la economía global. Se estima que es necesario reducir las emisiones entre 40 y 70 ciento de 2010 a 2050 para permanecer por debajo de los dos grados.

El acuerdo no especifica metas obligatorias a cada nación, como se hizo en 1997 en Kioto. Cada cual se fija sus propios objetivos de reducción de emisiones para 2025 o 2030. Estados Unidos, el mayor generador de gases de efecto invernadero, se comprometió a disminuirlas entre 26 y 28 por ciento para 2025, respecto a los niveles de 2005. La mayoría de esos gases provienen de la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural), del uso de fertilizantes y la cría de ganado.

Fue una de las medidas más importantes del gobierno del presidente Barack Obama, que también aprobó otras para reducir las emisiones de carbono con la finalidad de colocar a Estados Unidos como líder en la lucha contra el cambio climático. Igualmente anunció apoyos para aumentar la generación de energía renovable. Pero en 2017, su sucesor, Donald Trump, anunció que retiraría a Estados Unidos del Acuerdo por considerar que imponía una carga económica insoportable para su país.Un Estado miembro puede hacerlo a partir del 4 de noviembre de 2020, siempre que, un año antes de esa fecha, lo notifique a las Naciones Unidas.

Eso hizo el secretario de Estado, Mike Pompeo, el lunes pasado. Aseguró que su nación está orgullosa de su tradicional liderazgo mundial en la reducción de todas las emisiones, impulso de la adaptación, crecimiento de nuestra economía y garantía de energía para todos nuestros ciudadanos. Agregó que el modelo energético que tienen es realista y pragmático.

Los hechos lo desmienten. Desde que ocupa la Casa Blanca Trump se dedica a echar por tierra todas las políticas sobre el medio ambiente que estableció Obama. Primero, nombró a Scott Pruitt, un negacionista del cambio climático, como responsable de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Saldría después de mala manera de ese cargo. Pero él y su sucesor eliminaron el plan de energía limpia de Obama, que impulsó a las compañías de electricidad a usar la eólica, solar y de gas, en lugar de carbón. El propósito era cumplir la promesa parisina de reducir las emisiones de carbono.

Además la EPA suspendió otras medidas, como la que responsabiliza a las compañías químicas por el arsénico que se filtra al suelo a causa de sus operaciones. No hay duda de que la salud de las personas se verá afectada por las toxinas y el aire sucio. Y en paralelo, el departamento del Interior está reduciendo las áreas protegidas. Grandes trozos de los parques nacionales, orgullo de los ciudadanos por su belleza natural y biodiversidad, se están abriendo a los perforadores que buscan extraer gas o petróleo. Agreguemos que se terminó la prohibición de importar trofeos de caza, incluyendo jirafas y leones, que se tenían que dejar en África.

La retirada de Estados Unidos le cosecha severas críticas al señor Trump. Todos los demás países signatarios han reiterado los compromisos firmados en 2015. La semana pasada, en Shanghái, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el líder chino, Xi Jinping, lo hicieron claramente.

Pero no basta. Un grupo de expertos analizó recientemente los compromisos de los 184 países que han presentado planes de recorte de sus emisiones. Menos de 20 por ciento se consideran suficientes para cumplir con el Acuerdo de París. Destacan los que integran la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Suiza, Ucrania y la República de Moldavia. Todos ellos tienen planes de recorte para reducir en 2030 sus gases de efecto invernadero al menos 40 por ciento, respecto a los niveles de 1990.

¿Y México? La política energética del gobierno federal no desalienta el uso del carbón y los hidrocarburos, sino todo lo contrario.