La justicia federal dio dos reveses al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. En un primer caso, el ex funcionario deberá acudir a un proceso de revisión de la sentencia que fue dictada por el juzgado octavo de distrito por no protegerlo de las investigaciones que se realizan por enriquecimiento ilícito, cohecho y delitos electorales en dos indagatorias que integra la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales (Fepade), y la segunda derrota jurídica se relaciona con la decisión de no levantar el aseguramiento de sus cuentas bancarias.

Además, el padre del ex funcionario federal, Emilio Lozoya Thalman, solicitó la protección de la justicia federal el pasado 30 de octubre, y a pesar de haber pagado 130 mil pesos como garantía para gozar de una suspensión provisional, ayer se desistió del recurso judicial.

Emilio Lozoya Austin está prófugo de la justicia federal por existir órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con la presunta recepción de sobornos por 10.5 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht, y por la compra que realizó Pemex bajo su dirección, de la empresa Agro Nitrogenados –una compañía considerada chatarra por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que se pagaron más de 500 millones de dólares cuando solamente debía pagar 15 millones de dólares–, de acuerdo con los informes que presentó la petrolera mexicana ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En ese contexto, el ex director de la empresa productiva del Estado solicitó la protección de la justicia federal en contra de las investigaciones que realiza la Fepade en su contra, y en la sentencia dictada como parte del juicio de amparo que se desahoga en el juzgado octavo de distrito, señala que se investigan varios hechos delictivos y que podrá conocer de las imputaciones ensu contra al comparecer tanto en la investigación inicial ante el agente del Ministerio Público investigador, como en el caso de presentarse ante el juez de control a que se le formule imputación.

A Lozoya se le indaga por presuntamente haber ingresado recursos de procedencia ilícita a la campaña presidencial de 2012, en favor de Enrique Peña Nieto, y por ello se integran dos carpetas de investigación, una de ellas por delitos electorales y cohecho y enriquecimiento ilícito.