La Fiscalía General de la República (FGR) investigará todo lo relacionado con lo sucedido en la capital de Sinaloa en días pasados, que incluye la actuación de los agentes de la Policía Ministerial Militar que dirigieron y realizaron el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, toda vez que ese cuerpo, que forma parte de la Fiscalía General de Justicia Militar, está encargado de investigar delitos del fuero de guerra, la reunión de sus pruebas y el descubrimiento de los autores, cómplices y encubridores.

Mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicaron que de acuerdo con la Constitución, los posibles ilícitos donde haya víctimas civiles deben ser investigados por autoridades civiles, como fue en este caso. Si se comprueba que hay responsabilidad directa de algún miembro de las fuerzas armadas, su proceso judicial también deberá conducirse en tribunales del fuero federal, no del militar.

Presuntamente los agentes militares fueron junto con los integrantes de la División Antidrogas de la extinta Policía Federal (convertidos en Guardia Nacional) quienes encabezaron las acciones en el fraccionamiento Tres Ríos el pasado jueves, informaron funcionarios federales.

Como parte de la indagatoria, el Ministerio Público Federal interrogará a todos los participantes en el operativo durante el cual, ante la presión ejercida por integrantes del cártel de Sinaloa y la ola de violencia y temor que generaron en Culiacán, tuvieron que liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del segundo matrimonio de El Chapo Guzmán.

El jueves pasado el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López desencadenó que durante 12 horas integrantes del cártel de Sinaloa realizaran actos de violencia y sostuvieran al menos 14 enfrentamientos con las fuerzas policiacas y militares en Culiacán.

Hasta el momento, como resultado de esos enfrentamientos, el saldo es de 13 personas muertas: un integrante de la Guardia Nacional, un custodio del reclusorio de Aguaruto, cinco presuntos sicarios del cártel de Sinaloa y seis civiles, acerca de los cuales aún no se determina si formaban parte del grupo delictivo.

Las fuentes de la Sedena señalaron que, de acuerdo con la ley, si alguno de sus elementos es llamado a comparecer para declarar sobre esos hechos, acudirán a los citatorios que llegue a emitir el Ministerio Público Federal.

Añadieron que, estando las averiguaciones a cargo de la FGR y tratándose de una carpeta de investigación en proceso, prevalece el principio de confidencialidad.