Monterrey, NL., El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón anunció ayer que vetará la reforma a la Ley General de Salud aprobada la semana pasada, la cual permite al personal médico negarse a actuar si considera que existe una contradicción entre el deber jurídico y el moral.

La enmienda no será publicada en el Diario Oficial del Estado y, por tanto, no entrará en vigor, anunció ayer el secretario de Gobierno, Manuel González, quien comentó que la también llamada objeción de conciencia es discriminatoria, pues habría permitido al personal negar servicio a personas de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti y queer (LGBT), a mujeres que quisieran practicarse un aborto y a enfermos de VIH-sida, entre otros.

Por supuesto que nos oponemos a una discriminación marcada en la ley. Los médicos deben atender a todos los ciudadanos. Esa es la posición de un gobierno garantista, explicó González.

La reforma al artículo 48 de la Ley de Salud también prevé que en casos en que la vida del paciente corra riesgo o se trate de una emergencia no se aplicaría la objeción de conciencia.

Cada centro hospitalario tendría que contar con una lista de personal médico no objetor para garantizar el derecho a la salud.

Desde 2018 la Ley General de Salud prevé en su artículo 10 bis la objeción de conciencia como fue aprobada en Nuevo León.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ese año una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo, la cual aún no ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) indicó que la objeción de conciencia no debe conducir a que el Estado niegue servicios médicos a algún sector de la población, sobre todo si dicha objeción pudiera estar motivada por alguno de los supuestos que señala la ley como discriminatorios.