El gobierno envía mensajes contradictorios sobre medio ambiente, ya que se expresa en favor del desarrollo sustentable, pero se reduce el presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), a pesar de las dificultades que tuvo este año para atender los incendios forestales. Si primero son los pobres, se debe evitar el deterioro del patrimonio natural, ya que ello ocasionará más pobreza, señalaron ciudadanos y organizaciones en una carta enviada al Jefe del Ejecutivo, a legisladores y al secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo.

En respuesta, ayer por la noche en un comunicado la Semarnat agradeció la preocupación y señaló que la política ambiental está enfocada a garantizar el derecho humano a un medio ambiente digno y sano. Para cumplir con las metas, el sector ambiental trabaja con las secretarías de Salud, Agricultura, Educación y Cultura, para desarrollar sinergias que le permitan solventar con alianzas los ajustes a su presupuesto, explicó.

En la misiva firmada por 319 ciudadanos y 84 organizaciones no gubernamentales, redes y movimientos sociales de todo el país, señalaron que el gobierno impulsa proyectos que deterioran los recursos, ponen en riesgo la biodiversidad, empeoran la calidad ambiental, exacerban la crisis climática y las desigualdades y se contraponen a los compromisos signados por México a escala internacional en materia climática, señalan en la misiva.

El documento indica que la reducción presupuestal propuesta para 2020 a la Semarnat es de 50 por ciento, ya que el recorte viene desde hace varios años. Esto afecta de manera directa el cumplimiento de objetivos y metas de conservación y protección ambiental, como es el caso de la respuesta ante incendios forestales y la atención a las Áreas Naturales Protegidas. Sólo hay que recordar que durante este año se han afectado por incendios más de 186 hectáreas de vegetación arbustiva y arbórea por no contar con los insumos necesarios para hacerles frente.

Con base en artículos de la Constitución, pidieron hacer un ejercicio responsable de programación y asignación de presupuesto público dirigido al sector ambiental que garantice el respeto inalienable a los derechos humanos ambientales y la sustentabilidad; demandaron un incremento al sector de al menos 10 por ciento.

Pidieron establecer criterios e indicadores relevantes en los planes, programas y proyectos de desarrollo de este gobierno, para evaluar resultados e impacto y dar certidumbre sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También ratificar el Acuerdo de Escazú, promover la participación ciudadana efectiva y vinculante en la planeación y decisiones ambientales.

Advirtieron que México enfrenta hoy una grave crisis ambiental, por lo que resulta imperativo pasar del discurso a la acción. Consideramos fundamental impulsar una política pública ambiental ética, responsable y honesta. Entre los firmantes están el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Conservación de Mamíferos Marinos de México, Grupo Gema y Pronatura Veracruz.