Madrid. El Tribunal Supremo español acordó ayer por unanimidad autorizar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco (1939-1976) del Valle de los Caídos y su traslado al cementerio público de Mingorrubio, en el monte del Pardo, donde la familia tiene un nicho.

El gobierno aseguró que tiene todo preparado y que la exhumación se llevará a cabo antes de las elecciones del 10 de noviembre.

Así se despeja el camino del gobierno de Pedro Sánchez de transformar el mausoleo construido por el régimen dictatorial para la exaltación del franquismo, en cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica, y convertirlo en un monumento a la reconciliación.

La familia de Franco anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), que decidirá sobre el traslado de los restos.

La primera medida del presidente del gobierno español tras asumir el poder fue el anuncio de la exhumación de los restos de Franco, añeja reivindicación de víctimas de la represión del dictador.

La decisión de los magistrados fue unánime, lo que dio luz verde a la exhumación, pero el traslado al cementerio del Pardo dependerá de la agilización del juez civil madrileño José Yusty para otorgar la licencia de obra y del fallo del TC al recurso interpuesto por la familia del dictador.

La mayoría de los partidos políticos aprobaron la resolución del Tribunal Supremo, con la excepción de Vox, de extrema derecha, que calificó de profanación de una tumba la orden para la exhumación y animó al gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por una coalición del Partido Popular y Ciudadanos, a adoptar medidas para evitarla.