Xalapa, Ver., Víctor Manuel Andrade Guevara, investigador de la Universidad Veracruzana, consideró una irregularidad que la comisión permanente del Congreso local separara a Jorge Winckler Ortiz de la Fiscalía General del Estado (FGE) y nombrara a Verónica Hernández Giadáns encargada de despacho.

El sociólogo e historiador aseguró que ese órgano legislativo no tiene atribuciones para destituir al fiscal ni para nombrar a una sustituta provisional. Independientemente del mal desempeño que ha tenido el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, según algunos índices construidos por académicos y organizaciones civiles, la manera en que lo han depuesto es totalmente ilegal e inconstitucional.

De acuerdo con Andrade Guevara, es incorrecto que la nueva encargada de despacho sea una persona que antes trabajó para el Ejecutivo estatal (el morenista Cuitláhuac García Jiménez), pues eso vulnera la autonomía de la fiscalía.

El académico señaló que al proponer a Verónica Hernández al frente de la FGE, Morena incurre en lo que hicieron los anteriores gobernadores: colocar en la fiscalía a alguien incondicional y en este caso con total inexperiencia en la procuración de justicia.

Víctor Manuel Andrade afirmó que luego de ganar las elecciones de 2016, el gobernador panista Miguel Ángel Yunes supo maniobrar para obligar a renunciar a Luis Ángel Bravo Contreras de la entonces procuraduría de Veracruz e imponer a alguien afín a su grupo político, el fiscal actualmente suspendido.

Pero en el gobierno de Cuitláhuac García la maniobra para destituir temporalmente a Jorge Winckler es evidencia de la incapacidad para operar la salida del fiscal suspendido, así como el agravamiento de la crisis de la inseguridad y la violencia en Veracruz, que reflejan la falta de pericia política y la ausencia de una estrategia del gobierno actual para enfrentar la inseguridad.

El investigador consideró que la única salida responsable a un conflicto de estas dimensiones, si se pretende acabar con la crisis de inseguridad, es designar a un fiscal verdaderamente autónomo y competente, con carrera judicial y capacidad política, comprometido con el derecho y el acceso a la justicia.