De prosperar la iniciativa de Morena para reducir el periodo de designación de cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dos de ellos, a quienes la medida les implicaría concluir su gestión al finalizar octubre, fueron piezas importantes para incorporar a la campaña presidencial al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodriguez Calderón, entre otras decisiones polémicas de esa etapa: José Luis Vargas e Indalfer Infante.

Antes del proceso electoral, el TEPJF aprobó varias decisiones que desde Morena fueron interpretadas como adversas para garantizar la equidad de la contienda en materia de fiscalización, de la derogación de medidas aprobadas en su momento por el Instituto Nacional Electoral para garantizar la cancha pareja en el proceso electoral.

Sin embargo, la determinación de incluir a Rodríguez Calderón en la contienda, pese a no haber cumplido con los requisitos y haber incurrido en falsificación de firmas, fue la más polémica y en la que Vargas fue pieza clave para aprobar el proyecto que en su momento presentó Felipe Alfredo Fuentes Barrera, actual presidente del máximo tribunal electoral y a quien también se le podría acortar su periodo en dos años. En esa ocasión también se avaló otra decisión: dar otra oportunidad al entonces aspirante Armando Ríos Piter para acreditar las firmas.

En ambos casos, la incorporación de un nuevo candidato pudo haber tenido un impacto negativo en el respaldo ciudadano para quien entonces era el aspirante puntero en la contienda: Andrés Manuel López Obrador, de la coalicion Juntos Haremos Historia.

La designación de los actuales magistrados estuvo marcada por un proceso irregular en el que, a instancias principalmente del PRI y el PAN, se acordó prorrogar su gestión, violentando la convocatoria original. De ahí la iniciativa actual de Morena para regresar al plazo originalmente definido en el cual Vargas e Infante concluirían su gestión el próximo 31 de octubre, en tanto que Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón verían acortada su gestión en dos años, para concluir en 2022.

Pasado el proceso electoral, el TEPJF aprobó decisiones polémicas ahora en sentido inverso, pues favorecieron a Morena: cerrar toda posible investigación que estuviera relacionada con el fideicomiso para apoyar a damnificados de los sismos de forma irregular, según lo determinó el INE, anulando una millonaria multa de 197 millones de pesos.

Sin embargo, el futuro inmediato de los magistrados ahora se ha puesto en entredicho con la iniciativa para reducir su gestión. De no aprobarse, al actual TEPJF le correspondería todavía las elección intermedia de 2021 y cuatro de ellos abarcarían incluso la elección presidencial de 2024; en caso contrario, habría renovación parcial antes de ambos procesos, con lo que sólo tres participarían en los próximos comicios presidenciales.