Después de varios desencuentros públicos, litigios legales que llegaron al plano internacional y treguas pactadas para abrir espacio al diálogo, las negociaciones entre el gobierno federal –representado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–, las empresas constructoras de gasoductos que suministrarán combustible a las plantas de la paraestatal y la mediación de organismos empresariales se encaminan a un acuerdo que podría anunciar esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al final de una larga reunión en Palacio Nacional, en la que participaron, entre otros, el titular de la CFE, Manuel Bartlett; el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar; Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) –estos dos últimos en calidad de mediadores–, y representantes de las empresas, se perfilaba el éxito de las negociaciones.

Para qué nos adelantamos, respondió Bartlett con sequedad al salir del encuentro, dejando entrever el final de la negociación. Habrá buenas noticias, anunciaron los dirigentes empresariales.

A la reunión –que se prolongó casi tres horas– acudieron en representación de las constructoras de los gasoductos: por Fermaca, Octavio Berrón Cámara; Grupo Carso, Gerardo Kuri Kaufmann; IEnova, Tania Ortiz Mena, y TC Energía, Carlos Borunda Zaragoza.

A lo largo de las conversaciones, la CFE buscaba renegociar las llamadas cláusulas de fuerza mayor o evento fortuito, que obligan a la empresa eléctrica a pagar a las compañías privadas por la obra, aun cuando ésta no se haya concluido por causas ajenas a la constructora, como protestas sociales. De esa forma, se pretende evitar que se vuelvan recurrentes pagos a las firmas privadas, que el año pasado sumaron 5 mil millones de pesos y este año se calcula que serán 16 mil millones.

Apenas el fin de semana, The Wall Street Journal auguraba el final exitoso de las negociaciones –en consonancia con el anuncio que hiciera López Obrador la semana pasada– sobre la base de un trato mediante el cual el gobierno estipula nivelaciones en los precios del transporte de gas natural con una tarifa anual que pagará a las empresas, pero en la cual éstas habrían reducido los precios en que ofrecían el combustible.

Con dicho acuerdo, se impedirá que las diferencias entre las partes desemboquen en tribunales internacionales, como se perfilaba cuando estalló el conflicto público bajo el nuevo gobierno.

En julio pasado, después de varios desencuentros, ambas partes acordaron sentarse a negociar con la mediacion del CCE y el CMN, para lo cual pactaron detener los litigios legales que ambos habían promovido.

El pleito se detonó cuando López Obrador descalificó los contratos alcanzados en la administración pasada entre las empresas y la CFE, calificando de leoninos los términos en que se habían acordado, en detrimento del erario. Aseveró que la paraestatal tendría que pagar hasta ocho veces más el costo real de los gasoductos y además éstos no pasarían a ser propiedad pública.