Para permanecer en las instituciones de seguridad ciudadana los policías capitalinos deberán aprobar evaluaciones de confianza, desempeño y competencias a las que tendrán que someterse para obtener el certificado único policial (CUP), se sujetarán a evaluaciones periódicas y tendrán designado un domicilio en la Ciudad de México para recibir notificaciones y documentos.

El proyecto de dictamen de la ley de seguridad ciudadana –que se discutirá mañana en comisiones del Congreso local, previo al periodo extraordinario programado para el 30 y 31 de julio– establece además, como causal de destitución, abstenerse o negarse en forma expresa o tácita a recibir la notificación para que participen en procesos de evaluación de control de confianza y desempeño, así como en cursos de capacitación o si la reciben se ausenten o los abandonen.

El Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana será la instancia encargada de expedir el CUP y la vigencia será de tres años.

El examen de confianza tendrá como fin verificar que los policías cumplan con los requisitos de ingreso y permanencia, el apego a principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalización, honradez y respeto de los derechos humanos, así como la prevención social de la violencia, del delito y la atención a las personas.

La evaluación de desempeño se realiza sobre el cumplimiento en el ejercicio de sus funciones y la de competencia determinará si los agentes cuentan con los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para desempeñar su función de forma eficiente.

El proyecto de dictamen a la iniciativa que envió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, también establece un capítulo de derechos de personal de los cuerpos de seguridad, como el de percibir una remuneración suficiente y digna que no podrá disminuir, salvo en el caso de que se deje de ejercer un cargo en la estructura de mando, la igualdad de oportunidades para recibir capacitación y participar en los concursos de promoción y evaluación curricular.

La nueva ley, que derogará a la de 1993, establecerá el servicio profesional de carrera en las instituciones de seguridad ciudadana e instituye la Universidad de la Policía.

El proyecto prevé que la Fiscalía General de Justicia establecerá su propio servicio profesional de carrera al que estarán adscritos los policías de investigación.