a información sobre el comportamiento de la economía se basa en una amplia serie de indicadores que se producen de manera recurrente: producción, inflación, empleo, salarios, gasto (consumo e inversión), tasas de interés, cotizaciones bursátiles y más.

Esto ocasiona una determinada interpretación sobre tal desempeño, misma que aparentemente debería ser útil para tomar decisiones de diversa naturaleza en el mercado. También, para orientar las políticas públicas. Y digo aparentemente puesto que esa información y esas decisiones ocurren en el marco de la incertidumbre.

Se trata de una información codificada, es decir, que formula un mensaje mediante ciertas reglas de significado. Pero en esencia cumple el papel de un tipo de información semántica, y quienes la reciben no necesariamente comparten ese código. Por eso tiene más utilidad (verdadera o supuesta) para unos pocos que creen que pueden descifrarla y así actúan, lo que en muchas ocasiones provoca un resultado distinto del deseado.

El caso es que esta forma de generar, presentar y usar los datos se ha vuelto demasiado convencional y repetitiva, las fuentes de esa información son cuestionables y, aun así, se comparte como si fuese una expresión admisible de la realidad.

De manera periódica se constatan las fluctuaciones que ocurren en las variables y los procesos; a partir de eso se definen las tendencias y los expertos ofrecen sus conclusiones, que suelen ser cambiantes en el corto plazo. Ciertamente, ese plazo ha tendido a contraerse, como indican, por ejemplo, las secuelas de las decisiones en materia monetaria, comercial y hasta migratoria que se toman en Washington.

Del largo plazo es poco lo que se puede decir. En ese caso sucede aquello que los evolucionistas describen como ingeniería o deducción inversa; se interpretan los sucesos pasados como si fueran una buena guía de lo que ocurrirá después. Este asunto se exhibió de manera flagrante en la crisis financiera de 2008 y la manera es que quedaron expuestas las redes de la deuda hipotecaria y la especulación exuberante alentada desde Wall Street con la anuencia de la Reserva Federal y el Tesoro.

Toda la cuestión de la información codificada y su trasmisión semántica se complica, sin duda, cuando esta información, en sí misma parcial e inadecuada, se cuestiona desde el gobierno. Éste, siendo el que la produce preferentemente, invalida así el código al decir que tiene otros datos, deslegitima la información y provoca aún más incertidumbre. La situación tiende en la dirección de un acto de fe.

Para la mayoría de la población, los datos que se hacen públicos son de relevancia muy limitada en cuanto a la utilidad para guiar su comportamiento y tomar decisiones sobre el flujo de ingresos que reciben y los gastos que realizan. Esto, más bien, se impone por el entramado de las condiciones sociales prevalecientes.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), actualmente existen poco más de 54 millones de personas ocupadas formal e informalmente, y más de la mitad tiene ingresos mensuales que apenas rebasan 6 mil pesos (La Jornada, 7 de julio, 2019). Esa es una de las magnitudes del severo problema económico del país que, con las medidas actuales, se está consolidando.

Recientemente el Presidente hizo un recuento de las acciones que ha emprendido para combatir la corrupción, orientar el gasto público y provocar inversiones de infraestructura. Constituyen una reafirmación de los objetivos que persigue su gobierno.

En esa ocasión señaló que la economía no está en recesión, pero que debe crecer más. Lo primero se sustenta en definiciones técnicas, y lo segundo es una cuestión evidente. Sobre esto y en materia de inversiones, destacó la corriente de los recursos extranjeros del primer trimestre del año y el compromiso hecho con los grandes empresarios para acrecentar el flujo interno.

El marco general de la economía es el de una significativa desaceleración de la actividad productiva y del empleo formal. Esto ha sido inducido por la política pública en materia de gasto y por la repercusión de diversas decisiones que alteraron eso que se denomina como el estado de las expectativas de quienes invierten. Cabe preguntar si la estrategia que se aplica justifica los costos en que se está incurriendo en materia de crecimiento. El tiempo transcurre de prisa. Van siete meses de ejercicio de esta administración (en términos prácticos ha pasado ya un año). Luego habrá que pagar necesariamente el costo más alto de una recuperación sobre bases más débiles.