Mexicali, BC. La licitación pública número REF/001/2019 para la contratación de uno o más financiamientos para el gobierno del estado fue declarada desierta debido a que seis de los siete bancos interesados no acudieron a la reunión en que debían abrirse las propuestas para la restructuración de pasivos por 8 mil 433 millones de pesos, informó Bladimiro Hernández Díaz, secretario de Planeación y Finanzas del gobierno estatal.

Las instituciones de crédito ya habían tenido dos reuniones de aclaraciones y propuestas técnicas con la Secretaría de Planeación y Finanzas. La primera fue el 31 de mayo a las 13 horas en el cuarto piso de las oficinas del Poder Ejecutivo en Mexicali.

Un par de días antes el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez , llamó a las instituciones financieras a que desistieran de participar en la licitación, a dos meses de que termine el mandato del panista Francisco Vega de Lamadrid. Así, solamente el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) se presentó a la reunión.

Banamex, HSBC, Scotiabank, Banco del Bajío, Banco Mercantil del Norte y Banobras no acudieron y notificaron su deseo de retirarse del proceso.

Una vez detenida la restructuración de los pasivos del estado y en medio de pugnas públicas entre la administración que se va y la que llega, este mediodía se reunieron durante dos horas Jaime Bonilla y Francisco Vega. El primero había dicho que tenía 10 días buscando al panista y que la primera reunión sería transmitida en redes sociales, lo que no ocurrió.

Al final, en una atropellada entrevista, sólo se permitió que los fotógrafos tomaran unas imágenes en las que aparecen uno junto al otro sin darse la mano.

Interrogado sobre la advertencia de Bonilla de que investigará a Vega, éste dijo que si encuentran algo siempre tendrá manera de aclararlo.

Debido que la contratación de deuda con la banca requiere un proceso de licitación y a que los diputados fijaron el 31 de julio como fecha límite para convenir el refinanciamiento, la administración de Vega de Lamadrid no podrá restructurar la deuda pública, que asciende a 22 mil millones de pesos (incluida las de los cinco ayuntamientos y entidades paraestatales).