Las instituciones financieras digitales, conocidas como Fintech, realizan análisis no estructurados de riesgo cuando otorgan créditos a personas, empresas o familias, por lo que el Banco de México (BdeM), señaló que seguir con esa dinámica antes de dar un préstamo podría ser una potencial fuente de riesgo de apalancamiento de ciertos sectores de la economía.

Según el Reporte de estabilidad financiera, en México han surgido empresas tecnológicas de financiamiento a hogares y a pequeñas y medianas empresas mediante plataformas electrónicas que no son operadas por bancos comerciales; pero no miden el riesgo que conlleva, como institución tradicional, otorgar esos financiamientos.

Estos modelos aún no han probado su efectividad para evaluar los escollos en un ciclo de crédito completo y podrían subestimarlos, constituyendo así una potencial fuente de riesgo, precisó el organismo. El BdeM explicó que si bien México ha comenzado a adoptar nuevas tecnologías y su aplicación en la provisión de servicios financieros se ha acelerado, existen beneficios y riesgos para el sistema económico.

Entre los beneficios que incorporan las empresas Fintech –señala– están reducir los costos en la provisión de estos servicios, recortar las barreras de entrada al sistema financiero y fomentar mayor competencia que, a su vez, se podría traducir en más variedad de productos y en menores precios para los usuarios finales.

Para que los resultados sean positivos –explica– es necesaria una reglamentación adecuada, porque los servicios financieros digitales, sin regulación, podrían causar fricciones que obliguen a los proveedores a degradar sus servicios.

Dichas innovaciones también podrían llegar a generar riesgos asociados a la amplificación de un comportamiento procíclico o incluso a exacerbar la volatilidad en el precio de los activos financieros con impacto en la estabilidad del sistema financiero, detalló el BdeM.

Por ello, sostuvo, el banco central se ha encargado de promover la Ley Fintech y sus reglas secundarias –la cual obligará a estas empresas a regularse a partir de septiembre– cuyo objetivo final es establecer las condiciones para que los usuarios finales de los servicios financieros reciban los potenciales beneficios de estas firmas y mitigar los riesgos que estas podrían generar.