La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló ayer la distribución de las tarjetas Bienestar en los seis estados donde hay procesos electorales en curso, al recordar que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un criterio en el sentido de que no se puede suspender la operación de los programas sociales durante las campañas.

También descartó que el suministro de esa mica constituya una coacción del voto, pues su entrega se realiza a domicilio o en las delegaciones de la Secretaría de Bienestar, sin que exista evidencia de que se haga en actos masivos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral, ni va a compañada de propaganda gubernamental que busque influir en el sufragio de los ciudadanos.

Por su lado, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió al gobierno federal respetar la democracia y a los mexicanos, pues se han recibido denuncias de uso y abuso de la maquinaria pública y de los programas sociales para incidir en la decisión de las personas con más escasos recursos.

A semana y media de los comicios del 2 de junio, exigió a la administración federal dejar de intervenir en los procesos electorales que tienen lugar en Baja California, Puebla, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.

Denuncia improcedente

La comisión del INE declaró improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por el PAN en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Bienestar y de Morena, por la presunta promoción personalizada, difusión de propaganda gubernamental prohibida, uso indebido de recursos públicos y coacción del voto derivado de la entrega de la tarjeta Bienestar.

En su solicitud, Acción Nacional aseguró que la distribución de la tarjeta estaba acompañada de una carta firmada por López Obrador en la que se promovía a su partido.

La comisión explicó que no se ha encontrado indicio alguno de la misiva referida, por lo que no es posible dictar medidas cautelares respecto de hechos cuya existencia no está acreditada.

El consejero electoral Benito Nacif destacó que la carta sí podría ser motivo de una infracción a la legislación electoral. Pero no se han encontrado rastros de que se esté repartiendo, y, en tanto no se tenga el documento, no se pueden tener elementos para decir que hay promoción personalizada del Presidente o que hay propaganda gubernamental en un periodo prohibido, resaltó la consejera en el INE, Adriana Favela.