inalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma varios preceptos relacionados con la educación, en especial y de primordial importancia el artículo tercero de la Constitución, orgullo de nuestra legislación, clave de nuestra historia y que tantos debates ha provocado. El decreto deroga, hasta donde esto fue posible, la criticada reforma estructural en materia educativa promovida por Enrique Peña Nieto y apoyada por los partidos que mordieron el anzuelo del Pacto por México; así les fue.
Se trata de una derogación que es la modificación parcial de un cuerpo legislativo, no de una abrogación total, que hubiera sido lo deseable; lamentablemente, el grupo parlamentario de Morena no cuenta, ni solo ni con sus aliados, con la mayoría calificada que se exige para dar marcha atrás a reformas constitucionales y tuvieron que negociar. Ya se sabe que las leyes negociadas, en las que intervienen muchas manos y a veces muchas “patas“, no resultan como quisiéramos. En fin, se echó abajo la reforma peñista y se lograron modificaciones que habían sido exigencia de los maestros de la CNTE. No se trata desde luego, como dijo el doctor Dussel, de el mismo perro con otro collar.
La Cuarta Transformación, en esta materia, ha tenido logros importantes; se recuperó la rectoría del Estado en materia educativa, esto significa que la educación ya no será un negocio para inversionistas, sino un compromiso de toda la sociedad encabezada por su gobierno para que sean escuela, maestros, estudiantes y en general, la comunidad educativa, el centro del rescate moral de México. También reinstala a profesores despedidos, termina la evaluación punitiva, los maestros vuelven a ser considerados trabajadores al amparo del artículo 123, se promueve la rehabilitación de las escuelas normales para maestros y se pone acento en la recuperación material de los edificios escolares; falta algo, pero ya se logró mucho.
En esta larga lucha la Ciudad de México ha sido escenario y protagonista; aquí los maestros dieron batallas muy importantes en defensa de la educación popular, laica y universal; basta recordar la presencia de profesores de todo el país en las marchas y en el largo y sacrificado campamento que por varias semanas mantuvieron en los alrededores de la Ciudadela.
En la Constitución de la Ciudad de México, el capítulo octavo se titula Ciudad Educadora y del Conocimiento
y contiene planteamientos y preceptos de avanzada que sin duda nuestros legisladores tendrán que tomar en cuenta, tanto para la legislación ordinaria que debe generarse a partir de las reformas constitucionales aprobadas, como en una nueva y futura redacción del artículo tercero. Lamentablemente, tal como hoy quedó deja mucho que desear y nos hace añorar al artículo tercero que destruyó Peña Nieto, que además de bien redactado e impecable desde el punto de vista gramatical, era una verdadera declaración de principios éticos y políticos.
Para que no se olvide y se tome en cuenta cuando llegue el momento, el artículo octavo de la Constitución capitalina empieza por declarar que en la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo y tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada con su edad, capacidades y necesidades, además, la garantía de permanencia, independientemente de condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo o de discapacidad.
La Carta Magna local pone en el centro de la solución, no del problema, a la comunidad escolar; el cuarto párrafo del apartado A expresa: La comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo, estará conformada por estudiantes, docentes, padres y madres de familia y autoridades escolares
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A nivel federal se avanzó hasta donde la realidad política permitió; cuando sea posible seguir, nuestros legisladores no deben olvidar el texto de la Constitución de la Ciudad de México.
