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Lento, el proceso de posible liberación de 538 presuntos presos políticos: SG
 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de mayo de 2019, p. 9

La Secretaría SG ha recibido del primero de diciembre a la fecha, 538 solicitudes de presuntos presos políticos que buscan su libertad.

En diversos escritos dirigidos a la SG, fundan su petición en el argumento de que fueron encarcelados por sus ideas o acciones políticas o sociales. Entre el medio millar de solicitantes, la mayoría pretende salir bajo la figura de la exoneración o vía absolutoria; además, debido a que algunos ya está sentenciados, las gestiones son más complejas, indicaron funcionarios de Gobernación, al aclarar que la revisión debe ser pormenorizada antes de dar cualquier paso político o judicial.

Datos de la dependencia –a los que tuvo acceso este diario– indican que la mayoría (479 expedientes) corresponden a procesos que enfrentan varones, y 59 son de mujeres. La mayoría son originarios o están privados de su libertad en Guerrero (140), en Puebla hay 71 expedientes. En tercer sitio se encuentra estado de México, con 65; la Ciudad de México, 52, y Oaxaca, 51.

Por razones de protección a datos personales no se puede dar la identidad de los solicitantes, aunque funcionarios consultados dijeron que predominan casos de campesinos, maestros, luchadores sociales (en especial de causas relacionadas con medio ambiente), así como indígenas, algunos de ellos encarcelados desde la década pasada.

Van 16 liberados

A unos días después de haber tomado posesión, el presidente López Obrador recibió más de 300 peticiones de este tipo, muchas de las cuales le fueron canalizadas por la senadora Nestora Salgado. El 8 de enero, la titular de la SG, Olga Sánchez Cordero, anunció la liberación de 16 presos y aseguró que fueron encarcelados injustamente. En este primer bloque de personas liberadas se hallaban profesores y luchadores sociales vinculados al magisterio, entre ellos Leonel Manzano Sosa, de Oaxaca. El mandatario dijo entonces que el fin de esta revisión de procesos es que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar.