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Hay que evitar riesgos en la recuperación de cuerpos, señala activista
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de mayo de 2019, p. 7

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se reiniciarán los trabajos para recuperar los restos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos es un gesto positivo, en la medida en que se trata de un acto indispensable para llegar a una solución amistosa con las familias de las víctimas.

Así lo indicó la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach, quien señaló que el rescate de los cuerpos debe ser el primer paso para transformar las estructuras políticas y económicas que permitieron la tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006, y que hasta la fecha continúan vigentes en la región carbonífera de Coahuila y otras zonas de explotación minera en el país.

En entrevista con La Jornada, la integrante de la organización civil Familia Pasta de Conchos recordó que el anuncio hecho ayer por López Obrador es el resultado de los trabajos y reuniones que comenzaron desde febrero, en las cuales el gobierno actual se comprometió a iniciar la recuperación de los cuerpos de los mineros.

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo “son un gesto positivo y lo recibimos con esperanza y gusto, pero también con sospecha, y es que las familias dicen: ‘es muy raro, porque ningún Presidente nos recibía’. Lo bueno de lo que dijo López Obrador es que los tiempos (del rescate) se pueden acortar, porque las familias han sufrido lo indecible en estos años” por no tener el cuerpo de sus seres queridos, apuntó la activista.

Auerbach –representante de las familias de los mineros, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– subrayó que pasarán algunos meses para definir los pormenores de los trabajos de rescate, porque el gobierno debe estudiar la propuesta técnica que se le hizo llegar, para que dichas labores sean viables y no se ponga en riesgo a nadie.

De igual manera subrayó que las tareas de recuperación de restos las va a llevar a cabo el gobierno federal y no Grupo México –la empresa dueña de la mina–, porque no se puede dejar que la compañía que permitió que ocurriera el accidente fatal también sea la encargada de coordinar el rescate.

Resaltó que los trabajos no sólo son un acto de justicia, sino también deben ser una primera acción para transformar las estructuras de poder político y económico que permiten a las empresas obtener grandes ganancias a costa de la seguridad de los trabajadores, con el aval de los sindicatos.