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Firmas farmacéuticas, de construcción y energía, las más propensas a la corrupción
 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2019, p. 13

Las industrias más propensas a la corrupción son aquellas que por su perfil de negocios manejan un volumen importante de contrataciones, ya sea adquisiciones, servicios u obra pública del gobierno federal y los gobiernos locales, como el sector farmacéutico, la construcción de obra pública y la energía.

Así lo indicó el fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (Ampec), Fernando Sentíes, quien advirtió que la corrupción en el país equivale a 10 por ciento de su producto interno bruto, considerando sólo los actos indebidos en el sector público y dejando fuera los de la iniciativa privada.

De acuerdo con el abogado consultor en temas de ética organizacional, el gobierno es el principal cliente en un país, y las compras de los sectores ya mencionados representan los mayores contratos y una cantidad elevada de ingresos. Esto los hace atractivos tanto para empresas como para funcionarios voraces.

En estos actos de corrupción, detalló, se ven involucrados funcionarios de alto nivel y ejecutivos o directivos de empresas, además de abogados, contadores y otros asesores especializados, que facilitan la comisión de los ilícitos.

Sentíes recordó que según el informe Tendencias de honestidad en Latinoamérica, elaborado por la organización de ética y cumplimiento Amitai –de la cual es director–, en México 12.48 por ciento de firmas privadas justifican el soborno e incluso 27 por ciento de las empresas evaluadas afirmaron que sus empleados podrían robar dentro de la compañía.

Aunque no podemos desaparecer la corrupción por completo, gradualmente se puede disminuir, pues podemos contar con herramientas que nos ayuden a prevenir los actos deshonestos, identificarlos y castigarlos, enfatizó.

El especialista alertó sobre la importancia de transparentar las adquisiciones, pues se está volviendo costumbre hacer compras sin licitaciones, como establece la ley, y se recurre al proceso de adjudicación directa.