El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, se pronunció en contra de que la Guardia Nacional (GN) tenga un mando militar, como anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La apuesta es que se reflexione respecto de la participación de las fuerzas armadas, o de sus elementos, en tareas de seguridad pública para que no se rebase lo establecido en la Constitución y se cumpla que tal materia debe quedar en manos de instituciones de carácter civil. Aunque no se logró transitar a un modelo totalmente compatible con los estándares internacionales, se pudo establecer una temporalidad de cinco años para la presencia de personal militar en acciones vinculadas a la seguridad de las personas, así como el carácter policial y la naturaleza civil de la GN, indicó.

En entrevista con La Jornada, el ombudsperson recalcó que pretender liderazgos y conducción civil para la seguridad pública y la GN no es en demérito de las fuerzas armadas, sino en favor de las mismas, al acotarse atribuciones y ámbitos de actuación.

Hoy debe cuidarse que en las leyes secundarias que se vayan a emitir se vigile el carácter y la naturaleza civil de la GN, que sería deseable que empezara por la conducción civil de la misma.

González Pérez remarcó que el organismo a su cargo no desconoce que en algunas regiones del país es necesaria la intervención del Ejército y la Marina en las tareas de seguridad pública. Aunque, recordó, reiteradamente ha insistido en que dicha participación debe ser acotada, transitoria, limitada y tendiente a fortalecer a las policías civiles.

Indicó que ante la insuficiencia y deficiencias de las policías civiles, en particular de las de carácter local, la GN puede ser parte de la solución de los problemas de violencia e inseguridad, pero no la solución misma.

Ningún modelo policial, por óptimo o plausible que sea, será exitoso ni tendrá los resultados deseados si no se acompaña de medidas de capacitación y profesionalización de los operadores del sistema de justicia penal, y de las 33 fiscalías (la federal y las estatales) autónomas. Esta problemática requiere enfoques integrales que enfaticen la prevención sobre la reacción y uso de la fuerza.