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Suspende la Contraloría 90 días a un funcionario y un concejal de Coyoacán
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de marzo de 2019, p. 31

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México suspendió 90 días al director de Desarrollo Social de Coyoacán, Rodrigo Méndez Arriaga, y al integrante del concejo de esa alcaldía Armando Jiménez Hernández, por su responsabilidad en irregularidades administrativas durante su gestión como funcionarios públicos en el gobierno pasado de la demarcación.

Los imputados fueron separados de sus puestos sin goce de sueldo, luego de que la dependencia acreditó que como directores de Desarrollo Social de la entonces delegación otorgaron permisos para el uso de las canchas de futbol del deportivo La Fragata, ubicado la colonia Del Carmen, sin tener facultades.

La Secretaría de la Contraloría informó que la resolución ya fue notificada a los servidores públicos, así como al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias.

Es la segunda vez que la dependencia separa de sus cargos a funcionarios de Coyoacán. El 26 de febrero dispuso hacerlo con el asesor de la alcaldía de Coyoacán Eduardo Ramírez Vallejo y el concejal Ramón Gildardo Flores Ramírez.

Lo anterior, como medida precautoria por la investigación que se inició en su contra por presuntos actos de extorsión en agravio de comerciantes de esa demarcación, y por los que además la Procuraduría General de Justicia capitalina también inició una investigación penal,

En el caso de Ramírez Vallejo, el mismo alcalde de Coyoacán informó del despido de dicho funcionario por recomendación de la misma Contraloría; mientras la procuradora capitalina, Ernestina Godoy Ramos, informó la semana pasada que el ex asesor y Flores Ramírez, junto con otros dos funcionarios de la alcaldía, aceptaron haber recibido dinero de empresarios para autorizar la instalación de una feria en la Alameda del Sur.

Los implicados llegaron a un acuerdo reparatorio con los afectados y aceptaron pagarles 100 mil pesos por concepto de reparación de daño y 30 mil más por perjuicios, con lo que quedaron absueltos en materia penal, aunque continúa la investigación administrativa.