La desaparición del Programa de Estancias Infantiles y la reducción presupuestal de casi 50 por ciento para el cuidado de los niños –planteados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador– representan una regresión en los derechos de los menores en la primera infancia, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Dicha disposición, dijo, puede afectar la atención y cuidado de los hijos de madres trabajadoras y padres solos, así como perjudicar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de los responsables y empleadas de las guarderías.

Ante tal situación, solicitó a la Secretaría de Gobernación (SG) que aplique seis medidas cautelares para impedir la violación a las garantías fundamentales de los niños, sus padres y personal de las estancias.

El organismo nacional ha recibido diversos escritos de queja al respecto, como el presentado el 25 de febrero pasado, suscrito por responsables de estancias infantiles de diversas entidades federativas, en el que solicitan la emisión de medidas cautelares relacionadas, entre otros aspectos, con el requerimiento de acciones de seguridad urgentes, muchas de ellas han sufrido agresiones o amenazas derivadas de la información publicada sobre acusaciones de corrupción.

Además, demandan una disculpa pública de las autoridades federales por haber difamado y acusado de corruptas y de operar irregularmente a las responsables de las guarderías, toda vez que se dañó su imagen y reputación, y frenar el hostigamiento en su contra por parte de autoridades federales y, en algunos casos, estatales y municipales.

De acuerdo con la información que se desprende de ese escrito de queja, la Auditoría Superior de la Federación evaluó el Programa de Estancias Infantiles durante el periodo 2017 y 2018 y detectó irregularidades en sólo 319, de un total de 9 mil 565, lo que representa 3.3 por ciento de los establecimientos en el país, e hizo observaciones a 1.8 por ciento del presupuesto del programa.