Las complicaciones derivadas de un embarazo, aborto o parto significan la cuarta causa de muerte de las adolescentes en México, antes que cualquier enfermedad y después de los accidentes, del suicidio y de los homicidios. Además, aunque existen causas legales para interrumpir la gestación prácticamente esos procedimientos no se realizan en instituciones públicas del país, o no se registran por el temor de médicos a ser acusados de homicidio.

Esa es la situación que enfrentan las mujeres con preñez no deseada, señalaron Fernanda Díaz de León, coordinadora de Políticas Públicas y Abogacía de IPAS, y Raffaela Schiavon, consultora en salud reproductiva, quienes exhortaron al gobierno federal a que el tema de los derechos sexuales y reproductivos se considere como prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Las activistas presentaron ayer la base de datos de políticas de aborto legal, herramienta informática de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que contiene información de 213 países, incluido México. Primero ante tomadores de decisiones de la Secretaría de Salud y con la presencia de Antonella Lavelanet, representante de la OMS, y luego en conferencia de prensa, las activistas resaltaron que el sistema visibiliza la situación de las leyes y políticas públicas en materia de aborto.

Schiavon mencionó que de los años 2000 a 2016 en los servicios públicos del país se registraron poco más de 3 millones 413 mil atenciones médicas por abortos en mujeres de 15 a 44 años de edad. La mayoría fueron de interrupciones del embarazo inseguras; es decir, procedimientos iniciados fuera de las unidades médicas.

Lo anterior, porque de acuerdo con informes oficiales, únicamente 0.23 por ciento de los casos registrados en ese periodo corresponden a procedimientos médicos inducidos en las unidades médicas por alguna de las razones legales permitidas en cada entidad.

Díaz de León comentó la situación de Yucatán y Michoacán. En ambos, la ley permite la interrumpción del embarazo por razones socioeconómicas; no obstante, los procedimientos legales representan menos de 0.1 por ciento del total de abortos.

En Colima y Tlaxcala existe la causal de riesgos para la salud, pero las intervenciones médicas para detener la gestación son menos de 0.05 por ciento del total.

Y se agrega que en Colima el marco normativo contempla la excusa de la objeción de conciencia que pueden esgrimir los médicos para no realizar los procedimientos abortivos.

Los estados mencionados reportan los menores niveles de cese de embarazos terapéuticos en el sector salud. En el otro extremo está Chihuahua con 0.57 por ciento y el promedio nacional se ubica en 0.23 por ciento.

Esto ocurre, señalaron las expertas, porque la despenalización del aborto por ciertas causas no está acompañada de una política pública que garantice el acceso de las mujeres a intervenciones de calidad.

Schiavon resaltó que está plenamente demostrado que los procedimientos médicos realizados en condiciones seguras reduce a casi cero el riesgo de muerte de las mujeres.

Cuando se trata de niñas y adolescentes la posibilidad de pérdida de la vida es 10 a 30 veces mayor cuando llevan el embarazo y parto a término.