La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en contra de la reducción de su presupuesto para el presente año y contra la Ley Federal de Percepciones de los Servidores Públicos, que fija como límite 108 mil pesos mensuales, pero le negó la suspensión solicitada en contra de la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la ley que regula los salarios de los funcionarios.

Como parte del procedimiento de la controversia constitucional 75/2019 se tienen como demandados a las cámaras de Diputados y de Senadores y al titular del Poder Ejecutivo Federal, pero no a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que se trata de una dependencia subordinada a dicho poder, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución.

El Inegi busca que se le reintegren 500 millones de pesos que se eliminaron de su presupuesto por parte de la Cámara de Diputados y sólo le asignaron 12 mil 129 millones de pesos para este año.

El recurso presentado ante la SCJN argumenta que “el establecimiento de un techo global de gasto es insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción del monto total de su presupuesto en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción.

Por ello, sostiene, las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo impiden ejercer a cabalidad sus funciones, se viola su autonomía financiera e independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica.