Madrid. La tensión política está al máximo en España, un día antes de que empiece el juicio contra los dirigentes catalanes que organizaron el referendo de octubre de 2017 y posteriormente hicieron una declaración unilateral de independencia.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió el diálogo con los secesionistas, mientras desde el gobierno catalán, que preside el nacionalista Quim Torra, se advierte que una sentencia inculpatoria precipitaría una nueva proclamación de independencia y agravaría el conflicto.

Los 12 imputados se sentarán a partir de este martes en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, donde serán juzgados por los delitos de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia, por lo que enfrentan penas hasta de 40 años de cárcel.

En Cataluña, las instituciones públicas y los líderes políticos de todos los partidos están en vilo ante un juicio que marcará el futuro de la Generalitat. El Parlamento regional decidió suspender sus actividades para seguir de cerca y en directo todo lo que ocurra en Madrid, en la sala segunda del alto tribunal, que está integrada por siete magistrados –seis hombres y una mujer–, y en teoría cuatro de corte conservador y tres progresistas.

En un gesto inédito, los magistrados decidieron transmitir el juicio en directo a todas las emisoras de Tv que lo soliciten. Desde las comparecencias de los testigos hasta las declaraciones de los imputados.

Carles Puigdemont, líder del proceso de secesión y quien tomó la decisión de hacer la declaración de independencia el 27 de octubre de 2017, huyó desde noviembre de ese año a Bélgica, donde la justicia rechazó la petición de extradición solicitada por el Estado español.

De los 12 procesados, nueve están presos desde hace más de un año: el ex vicepresidente y todavía máximo líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras; la ex presidenta del Parlamento, Carme Forcadell; los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bass, Joaquim Forn, y los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los otros tres que enfrentarán el juicio en libertad son los ex consejeros Meritxell Borras, Carles Mundó y Santiago Vila.

En la parte acusadora están la Fiscalía española, que pide penas que oscilan entre los cinco y los 25 años de cárcel; la abogacía del Estado, que responde al criterio del gobierno en turno, rebajó las condenas y pide una máxima de 12 años, y las acusaciones populares, que representan al partido de ultraderecha Vox, que solicita condenas de 74 años de cárcel para todos los acusados. Al juicio asistirá el presidente catalán, Quim Torra, quien ya advirtió que si el proceso culmina con un fallo en contra procederán a activar de nuevo la declaración unilateral de independencia.

Unas 500 personas comparecerán como testigos, entre ellos el ex presidente español Mariano Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los responsables policiales del operativo del primero de octubre de 2017, cuando se celebró el referendo de independencia y que según el gobierno catalán provocó alrededor de 2 mil heridos.

Se prevé que el juicio dure alrededor de tres meses, en los que habrá tres sesiones a la semana: martes, miércoles y jueves.

En medio de este clima de tensión política, el socialista Pedro Sánchez se plantea, según la filtración a los medios, adelantar los comicios para el 14 de abril si no se aprueban los presupuestos generales del Estado, que se votarán en el Congreso de los Diputados el próximo miércoles. Se trata del último intento por convencer a las formaciones independentistas catalanas de que apoyen con su voto las cuentas públicas o, en caso contrario, se acabaría la legislatura y se abriría un nuevo panorama político en España, con el riesgo de que en esos comicios llegue al poder una nueva coalición de derecha: Partido Popular, Ciudadanos y el ultraderechista Vox.