El modelo de la aplicación de sanciones económicas a condóminos que incurrían en una falta fracasó, no sólo porque no habido resultados, sino también porque dejó malas prácticas, por lo que se propondrá al Congreso una reforma a la Ley de Propiedad en Condominios para que sean sustituidas por trabajo comunitario, afirmó la titular de la Procuraduría Social (Prosoc), Patricia Ruiz Anchondo.

En entrevista, dijo que en la anterior administración había vínculos entre personal de la dependencia y gente ajena, quienes sobornaban a condóminos para revertir las sanciones, por lo que ya se avisó a la Contraloría para que investiguen esas irregularidades.

Indicó que sobre estos procedimientos hay una total opacidad, pues no hay ningún tipo de registro y se desconocen cuántas sanciones económicas se impusieron, en quién recayeron y cuáles fueron los motivos.

Sin embargo, acotó, que al hacer una revisión de los trámites del año pasado se identificó que un jefe de unidad departamental firmaba la sanción, cuando corresponde al subprocurador, y desde aquí mismo se le daba asesoría a los sancionados para que metieran su inconformidad en el tribunal, que detectaba la irregularidad y revocaba la multa, es decir, cobraban a los condóminos para quitarles la sanción y después los asesoraban para que se revirtiera a sabiendas que quien firmaba el procedimiento no tenía personalidad jurídica.

Para acabar con esas prácticas se trabaja para modificar la ley e imponer trabajo comunitario en lugar de sanciones económicas.