n los primeros días de mayo de 2017, militares y huachicoleros se enfrentaron en Palmarito Tochoapan, Puebla, con un tétrico saldo: cuatro soldados y seis civiles muertos, y 12 heridos por arma de fuego. Catorce pobladores de dicha localidad fueron detenidos. En respuesta, los habitantes bloquearon la autopista México-Veracruz durante cinco horas y prendieron fuego a neumáticos para demandar la presentación de los desaparecidos y la salida de las fuerzas de seguridad (La Jornada).

La reacción del entonces inquilino de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, fue instrumentar una estrategia integral para combatir el robo de combustible en todo el país y aplicar todo el peso de la ley a los responsables.

Por cierto, en la foto de ocasión aparecieron tres de los directamente responsables de poner en práctica la citada estrategia: los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de Marina, Vidal Francisco Soberón, y de Hacienda, José Antonio Meade (personaje que presumía buenos resultados en la estrategia contra el robo de combustible).

El balance está documentado: en los primeros días de mayo de aquel año, el número de tomas clandestinas en Puebla ascendió a 59. Un año después, en el mismo mes y ya echado a andar el plan integral, se incrementaron a 284, aumento de 481 por ciento.

De acuerdo con cifras oficiales (Pemex), en todo 2017 Puebla reportó mil 443 tomas clandestinas. En 2018 ese número se incrementó a cerca de 2 mil 200, es decir, 52 por ciento más. Lo anterior da cuenta de lo serio y efectivo que fue el combate peñanietista (como también el foxista y el calderonista, pues cada uno de ellos puso en marcha su propio plan integral) al robo de combustibles en el país.

Pues bien, algo similar sucedió ayer en el estado de Hidalgo, donde “tres elementos del Ejército Mexicano fueron retenidos por pobladores de Santa Ana Ahuehuepan, municipio de Tula, donde operan bandas dedicadas al robo de combustible de ductos de Pemex, quienes amenazan con quemarlos vivos. En el lugar hay un civil muerto, al parecer un presunto huachicolero. Los militares realizaban un operativo de combate al robo de combustible”.

Tres horas después los pobladores “entregaron vivos, pero severamente golpeados, a los tres soldados que habían retenido la mañana del domingo y a los que amenazaron con linchar, luego de un enfrentamiento de los militares con presuntos huachicoleros, en el cual un civil resultó muerto y otro más herido de gravedad” (La Jornada).

La historia se repite: cuando en mayo de 2017 Peña Nieto echó a andar su plan integral, el número de tomas clandestinas en Hidalgo fue de 65; un año después ascendió a 151, es decir, un incremento de 132 por ciento.

Si se considera el año completo, Hidalgo registró un total de mil 64 tomas clandestinas en 2017, pero ya en 2018 sumaron mil 726, de tal suerte que entre uno y otro el aumento fue de 622 por ciento, con todo y plan integral. Ello, sin considerar que dicho estado cuenta con la refinería de Tula, donde también se reporta robo de pipas.

Y como viñeta huachicolera queda lo siguiente: Habitantes del poblado de San Antonio Detiña, municipio de Acambay, estado de México, se aprovecharon de una fuga de gasolina de un ducto de Pemex para saquear y abastecerse del combustible; (al grito de ¡vénganse para acá!) decenas de personas aprovecharon para abastecerse en garrafas, bidones, cubetas y tambos (La Jornada).

Y, de cereza, la carne de cañón: en Quecholac, Puebla, 87 por ciento de habitantes sobrevive en pobreza (Coneval, 2010), mientras en Tula de Allende, Hidalgo, apenas 0.9 por ciento de su población no es pobre ni vulnerable, y en Acambay, estado de México, 4.1 por ciento.

Las rebanadas del pastel

Eso y mucho más dejaron los tres planes integrales (Fox, Calderón y EPN), mientras los huachicoleros de cuello blanco mueren de la risa y utilizan al voluminoso ejército de pobres para llenarse los bolsillos, en una sociedad que exige cambios para que a la hora de la hora prefiera que nada cambie.

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