La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó que la Cámara de Diputados y el Senado trabajen en un periodo extraordinario de sesiones, los días 16 y 17 del presente mes, con la intención de aprobar el dictamen para constituir la Guardia Nacional, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, nombramientos de funcionarios de relaciones exteriores y del Poder Judicial, y endurecimiento de penas para servidores públicos por casos de corrupción.

Sin embargo, el tema de la Guardia Nacional generó diversas reacciones entre los grupos parlamentarios. La oposición encabezada por PAN, PRI y MC reprochó al Ejecutivo federal y a la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados que sin existir una iniciativa trabajada en comisiones, ya se ha convocado a “jóvenes mexicanos –sin experiencia– a integrarla, para enfrentar el crimen organizado; ¿por qué tanta prisa?”

Desde Morena, las voces de apoyo a la propuesta del Presidente replicaron que la ciudadanía tiene prisa porque se resuelva la grave crisis de inseguridad; este es el camino de la desmilitarización.

Al respecto, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno de Ciudad de México y ahora senador del PRD, adujo que no está mal que se piense en una nueva forma de pacificación o la tarea que se quiera asignar al grupo que corresponda. La preocupación reiterada es por la posible militarización de la seguridad pública.

El coordinador de MC, Tonatiuh Bravo, refirió dos dilemas: ¿vamos a crear una policía militarizada como Guardia Nacional, que va a tener como mando a la Secretaría de la Defensa Nacional y a las fuerzas armadas? ¿O va a estar, como dice el artículo 21 constitucional, al mando de organismos civiles?

Del lado del PRI, en esa rara postura de oposición sin exabruptos, se colocó en medio del dilema. Queremos dejar muy claro, para el caso de que prospere la creación de la Guardia Nacional, primero nuestra oposición a militarizar el país. Segundo, el respeto absoluto al federalismo y, desde luego, a los derechos humanos. La iniciativa de reforma constitucional no está aprobada y, por tanto, no puede comenzar su implementación, pero aun aprobada, faltará la ley respectiva que regule su funcionamiento.

Con tono de voz elevado, la panista Sonia Rocha aprovechó para emprenderla contra el nuevo gobierno: la simulación del proceso es una característica de este gobierno. No estamos en contra de sus posibles políticas públicas, sino de la manera en que se hacen los procedimientos, de que no se cumplen las leyes. Siempre por encima de la Constitución, del Poder Legislativo, sin ningún mecanismo de contrapeso. Sí al combate a la violencia y la inseguridad, a la delincuencia, sí a la paz en este país, pero así no. Respeto a este Poder Legislativo. Esto no puede estar sucediendo si aquí no se ha discutido.

En cuanto a la agenda, se llevará al pleno el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, que fue dictaminado y tuvo declaratoria de publicidad ante el pleno de la Cámara de Diputados el 21 de diciembre. El proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Carta Magna en materia de prisión preventiva oficiosa, el cual radica en calidad de minuta en la Cámara de Diputados, para atención del Senado.

También se abordará el proceso de selección para el nombramiento del fiscal general de la República, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo decimosexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, entre otros temas.