Sydney. Australia anunció ayer que reconoce a Jerusalén Oeste como capital de Israel, por lo que se suma a la decisión de Donald Trump, pero precisó que el traslado de su legación diplomática desde Tel Aviv deberá esperar a que se cierre un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, hizo el anuncio y aseguró que su país está dispuesto a reconocer las aspiraciones para la creación de un Estado palestino con capital en Jerusalén Este, cuando el estatus de esa ciudad quede establecido por un acuerdo de paz.

¡Australia reconoce a partir de ahora a Jerusalén Oeste –donde se ubican la Knesset (parlamento) y numerosas instituciones gubernamentales–, como capital de Israel”, afirmó en un discurso en Sydney.

Y nos planteamos trasladar nuestra embajada a Jerusalén Oeste cuando sea factible, y tras la conclusión de un estatuto final para esta ciudad, agregó.

Mientras tanto, Australia establecerá una oficina encargada de Defensa y Comercio en la parte oeste de la Ciudad Santa.

Además, reiterando nuestro compromiso en una solución de dos estados, el gobierno australiano también está decidido a reconocer las aspiraciones del pueblo palestino para un futuro Estado con su capital en Jerusalén Este, añadió.

Jerusalén Este, que los palestinos desean que sea la capital de su futuro Estado, fue anexada por Israel en 1967, un acto no reconocido por Naciones Unidas.

Mientras tanto, la dirección palestina reaccionó este sábado, la decisión del gobierno australiano al calificarla de irresponsable.

El estatuto final del conjunto de Jerusalén debe ser determinado en negociaciones, declaró en un comunicado un alto responsable palestino, Saeb Erekat, numero dos de la Organización para la Liberación de Palestina.

Israel saludó un paso en la buena dirección y felicitó al gobierno australiano por su actitud sobre las sanciones contra Irán, su posición pro-israelí en la ONU y contra el antisemitismo, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores.

La medida del gobierno australiano fue denunciada por el opositor Partido Laborista, que consideró que se antepuso su interés personal al interés nacional.