Consultas ciudadanas vinculantes sobre construcciones de más de 10 mil metros cuadrados, simplificación de trámites, fortalecimiento de instituciones como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) capitalina, así como sanciones más severas para los constructores inmobiliarios que incumplan las normas y los funcionarios públicos que sean omisos en hacerlas cumplir, son algunas propuestas de legisladores del Congreso de la Ciudad de México ante los constantes abusos del sector y el gran malestar ciudadano que ha generado.

Por mandato de la Constitución de la Ciudad de México, el Congreso deberá expedir la ley en materia de planeación, la cual entrará en vigor a más tardar el 30 de abril del año entrante, de manera que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva se instale antes del 2 de julio y elabore el Plan General de Desarrollo, que a su vez tiene como fecha límite para entrar en vigor el primero de enero de 2020.

Para los diputados Paula Soto, integrante de la Comisión de Planeación del Desarrollo, y Carlos Castillo, de la Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda, ambos de Morena, la ley y el instituto vendrán a resolver parte del problema que se refleja en el informe general elaborado por la CDH a partir del análisis de 234 quejas relacionadas con temas de desarrollo urbano.

La comisión revisó 150 quejas individuales y 84 colectivas –una promovida por residentes de más de 700 colonias de las 16 demarcaciones territoriales– en las que se hacía patente la violación reiterada a diversas normas jurídicas en mil 200 obras por cambios de uso de suelo, inobservancia de los programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano, falta de armonización legislativa para evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de permisos, licencias, manifestaciones de construcción y respecto de los criterios de redensificación de predios.

▲ Ante el gran malestar ciudadano que ha generado el caos inmobiliario, legisladores proponen fortalecer instituciones.Foto La Jornada

También analizó 23 recomendaciones que emitió de 2004 hasta 2015 en las que fue recurrente la persistencia de acciones y omisiones de la autoridad, admitiendo edificaciones en zonas no aptas, obras con mayor altura de la permitida, mayor densidad en conjuntos habitacionales, reducción de áreas libres y de separación de colindancias, violaciones a la zonificación respectiva de uso de suelo o la protección, preservación y mejoramiento del ambiente.

Asimismo, daños estructurales a viviendas aledañas, la desaparición de áreas verdes, la contaminación del manto acuífero, la pérdida de zona de reserva ecológica, la intensificación de problemas en el acceso a servicios públicos y conflictos en la tenencia de tierra.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Fernando Aboitiz Saro, de la coalición parlamentaria Partido Encuentro Social, advirtió que la compleja intervención de distintas dependencias en el tema ha permitido “a todos echarse la bolita y al final de cuentas nadie se hace responsable.

Hay que hacer una revisión completa de la ley y tratar de simplificar las cosas para que sean muy sencillas y cualquier ciudadano tenga la información y no sea a criterio de los funcionarios otorgar licencias y autorizaciones, apuntó Aboitiz Saro, y para esto consideró conveniente fortalecer a la PAOT, que no simplemente denuncie, sino que tenga herramientas de control y de sanción.

La diputada del Partido Acción Nacional Gabriela Salido Magos, integrante de dicha comisión, planteó a su vez dotar de facultades a la CDH, que tendrá delegaciones en cada una de las 16 alcaldías, para dictar medidas de observancia obligatoria cuando un ciudadano denuncie la violación de sus derechos por alguna construcción, además de establecer en la ley sanciones más severas tantos para desarrolladores como para servidores públicos.