El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, admitió que en la capital del país han ocurrido agresiones, incluso mortales, contra periodistas, unas relacionadas con su labor profesional y otras por la misma situación de inseguridad que priva en la metrópoli.

Por ello, dijo, se debe reforzar el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y eliminar prácticas como la burocracia y el aislamiento, que sólo han generado mayor victimización y daño a quienes son agredidos o amenazados por ejercer su labor.

Entrevistado luego de inaugurar el seminario internacional Perspectivas, retos y buenas prácticas para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, señaló que en colaboración con un grupo de expertos, encabezados por Edgardo Buscaglia, se trabaja en un protocolo para dar atención inmediata a reporteros y activistas en riesgo, sin que ello implique llevarlos a un refugio y separarlos de sus familias, por el contrario, garantizar que puedan continuar realizando sus actividades.

Se trata, explicó, de generar células de atención inmediata ante una amenaza o agresión para que las medidas o recomendaciones que establece el mecanismo se adopten rápidamente, no sólo las que tienen que ver con la custodia e investigación, sino también de inteligencia y protección social.

Nadie quiere estar en un refugio, aislado; nadie quiere dejar de hacer sus actividades de defensa de personas y ejercer su libertad de expresión, y nadie quiere estar separado de su familia, subrayó el titular del Ejecutivo local.

Señaló que se tiene que recuperar confianza en la ciudad, como un lugar en el que periodistas y activistas se sientan protegidos, de allí la necesidad de acabar con la burocracia, la tardanza, la insensibilidad y los esquemas de protección que lo que hacen es aislar. No podemos incidir en esquemas que modifiquen su forma de vida y la de su familia, pues estaríamos generando un estatus de mayor vulnerabilidad.

En ese acto, la directora del mecanismo, Claudia Cruz Santiago, indicó que dicha instancia ha brindado protección a 81 personas, de las cuales, afirmó, en 95 por ciento de los casos no se han registrado reincidencias de amenazas o agresiones.