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El Legislativo local ya no designará a contralores
 
Periódico La Jornada
Jueves 15 de noviembre de 2018, p. 42

El Congreso de la Ciudad de México aprobó en comisiones el proyecto de dictamen promovido por Morena para suprimir la intervención del Poder Legislativo en la designación de los titulares de las contralorías internas de las dependencias y entidades de la administración pública local, y establece que el tiempo de la duración del cargo del titular de la secretaría de la contraloría será de seis y no de siete años, con posibilidad de ser ratificado por otro periodo igual.

El proyecto de reforma a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública Local se aprobó por 16 votos en favor y seis en contra de diputados de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática que se oponen a restituir al titular de la secretaría de la contraloría general la facultad para designar a los encargados de los órganos de control interno.

La iniciativa forma parte del paquete de reformas que la bancada de Morena trabajó con el equipo de la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo, para integrar el sistema local anticorrupción, ante excesos, omisiones y discordancias en el marco normativo que dejó la extinta Asamblea Legislativa respecto de lo que establece la Constitución local.

Otro dictamen aprobado ayer y que hoy se someterá a discusión en el pleno es la reforma a la Ley de Fiscalización, donde se establece que en caso de delitos graves cometidos por servidores públicos, las acciones penales y administrativas no prescribirán en un plazo menor a siete años.

En tanto, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Ricardo Ruiz Suárez, de Morena, adelantó que hoy presentará la iniciativa de ley de la fiscalía general de justicia, que establece la Constitución Política local y deberá entrar en vigor el 5 de diciembre.

Explicó en entrevista que no se trata solamente de dotar de autonomía a la actual procuraduría, sino de hacer una transformación estructural y modificar de manera radical la forma en que se procura justicia, se investigan los delitos y se da atención a las víctimas, como elementos centrales en esa iniciativa.