La iniciativa que presentó la senadora por Morena Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, para regular el uso de la mariguana, tiene aspectos positivos, como dejar de criminalizar a quienes usan el enervante.

No obstante, debe considerar la dotación de mayores recursos a prevención, atención e investigación en el ámbito del uso de esta droga, expuso Carmen Fernández, directora general de los Centros de Integración Juvenil (CIJ).

En entrevista, indicó que al establecerse jurisprudencia, no quedaba más que legislar al respecto, y acotó que enviar a los usuarios a la cárcel nunca ha resuelto nada.

Sostuvo que esto es un avance hacia un derecho ya ganado (...) al crearse jurisprudencia ya no queda más al Legislativo que sacar una ley acerca de cómo se va a regular todo ese derecho que ya se lo ganaron las personas mayores de 18 años que quieren usar mariguana.

Subrayó que confía que la ley finalmente prevea la dotación de dinero para prevención, pues para que alguien pueda decidir respecto de este consumo, tiene que estar correctamente informado en diversos aspectos. Debe haber campañas de información preventiva, saber, por ejemplo cuántos tipos de mariguana existen, que son más de 100.

Además, debe quedar claro que no todas las drogas tienen los mismos efectos e hizo hincapié en que los consumidores del enervante deben saber que fumar mariguana y beber alcohol trae otra serie de daños que pueden tener consecuencias siquiátricas.

O que si hay vulnerabilidad genética se pueden desarrollar ciertas patologías. Ha habido casos de sicosis, advirtió.

Señaló que hay que tener en cuenta que la mariguana no es una droga inocua y que existe un porcentaje de personas que puede desarrollar dependencia a la sustancia.

Agregó que el hecho de que se legisle no quiere decir que se legalicen todas las drogas.

Fernández hizo hincapié en que los centros de tratamiento no alcanzan para atender la demanda y se van a generar más casos de dependencia” a la droga.

Ante esto la ley va a tener que contemplar destinar recursos para extender la red sanitaria, con el fin de que existan más centros de tratamiento.

De igual forma, contar con presupuesto para investigación, por ejemplo en torno al uso crónico de la mariguana, conocer sus consecuencias no sólo en el sistema nervioso central, sino también, entre otros, en el sistema circulatorio y respiratorio.

Explicó que aunque hay evidencia de estos perjuicios, también dependen mucho del tipo de mariguana que termine permitiéndose, e insistió en los programas de reducción de daño que tienen que ver con que los jóvenes conozcan qué tipo de mariguana les están vendiendo.

También consideró que es indispensable destinar presupuesto a la preparación de recursos humanos especializados en el tema de las adiciones, porque son muy pocos los especialistas.

Refirió que los CIJ están atentos a los foros que se convoquen con motivo de esta legislación para aportar en el tema, porque el modelo que se está proponiendo se tendrá que ir afinando.