La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene una plantilla laboral de apenas 60 personas para atender, investigar y resolver las solicitudes de apoyo de casi 15 mil migrantes (tan sólo los trámites recibidos en 2017).

Fuentes de la dependencia confirmaron a La Jornada el tamaño de esta oficina, cuyo presupuesto anual no ha rebasado 26 millones de pesos durante todo el sexenio.

Recientemente concluyó el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados hacia la Comar, que había auspiciado la colaboración de 35 especialistas en el proceso de elegibilidad.

Ahora se valora autorizar nuevamente este sustento para hacer frente al flujo extraordinario de peticionarios de apoyo en México.

Hace un lustro, la cifra anual de solicitudes no rebasaba 500.

En 2017 fueron poco más de 14 mil 500 y en este 2018 ese nivel ya se ha superado.

Una opción para atajar el déficit de personal y materiales sería anexar también a la Comar las 50 plazas de la coordinación para atención a la migración en la frontera sur, proyecto sexenal al que al final de esta administración se dejó sin recursos.

La situación –relativa a la franja limítrofe sureña– será analizada al más alto nivel el lunes, indicaron las fuentes consultadas.

También se reunirá el consejo consultivo de las migraciones, a cargo de la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación.

En tanto, personal de Comar y del Instituto Nacional de Migración analizan las solicitudes de refugio de integrantes de la caravana que ingresaron a México a partir del 19 de octubre y hasta finales de ese mes.

De 3 mil 230 peticiones recibidas el mes pasado, principalmente de hondureños, 533 de quienes habían pedido quedarse en México, vía refugio, volvieron a su país.

Gobernación dijo que fueron retornos voluntarios asistidos.

La ley de refugio da un máximo de 45 días para que la Comar resuelva cada trámite.