Sociedad y Justicia
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Detecta ASF diversas anomalías en Censida
 
Periódico La Jornada
Domingo 4 de noviembre de 2018, p. 30

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida) carece de una metodología de administración de riesgos, de manuales de organización y de procedimientos actualizados, así como de cumplimiento de objetivos institucionales, en lo que se refiere a la adquisición, distribución y control de medicamentos para la atención de los pacientes, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2017, el organismo dependiente del Poder Legislativo indicó que el año pasado el Censida tuvo un presupuesto de 374 millones 371 mil pesos, en el cual no están incluidos otros recursos para la compra de medicamentos antirretrovirales.

Al estudiar el desempeño de este organismo, la ASF documentó irregularidades diversas, entre ellas que el Censida no tiene evidencias de haber difundido entre su personal su Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción, lo cual deja ver que no efectuó una supervisión continua sobre la aplicación efectiva de dicho esquema.

De igual forma, el organismo realizó acciones insuficientes para tener información actualizada y completa en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, específicamente en lo que se refiere a la entrega inoportuna de medicamentos antirretrovirales, lo cual hizo que no se asegurara el cumplimiento de acabar con dicha práctica negativa.

Por otro lado, se comprobó que no hay evidencias de que se hayan revisado los manuales de operación del Programa de Acceso a los Antiretrovirales y del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (Capasits), para mantener su relevancia y eficacia.

Además de lo anterior, la ASF determinó que las descripciones y perfiles de puestos en Censida no incluyen estándares de conducta para los niveles de estructura clave ni para los puestos operativos, y que no se adquieren medicamentos antirretrovirales de conformidad con los recursos autorizados por el Sistema de Protección Social en Salud.