La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió ayer una recomendación al gobierno de la entidad, a los 125 ayuntamientos, al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Justicia estatal por la violencia contra las mujeres, en particular por los feminicidios.

El organismo demandó a todas las autoridades ‘‘medidas urgentes’’ para contrarrestar este fenómeno y atender mejor las denuncias que se han presentado.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que el feminicidio en el estado de México sigue a la alza; de enero a septiembre hubo 70 denuncias, 10 más que en el mismo periodo de 2017; además, se reportaron otros 180 asesinatos que fueron catalogados como homicidios dolosos. En 2018 suman más de 250 víctimas.

La Codhem destacó la necesidad de investigar los factores que originan la violencia contra las mujeres y cuáles son los sectores sociales más vulnerables, a fin de diseñar programas que la prevengan y erradiquen.

Demandó evaluar exhaustivamente la eficacia de las medidas derivadas de la alerta por violencia de género declarada hace tres años en 11 municipios y determinar si se cumplió con lo dispuesto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otras normas aplicables.

El organismo recomendó analizar la factibilidad de incluir más municipios en la alerta y de asignarles recursos para que hagan frente a la contingencia.

Destacó además la importancia de diseñar programas educativos en todos los niveles para fomentar la cultura del respeto a las mujeres.

Señalan retroceso en Jalisco

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exigió declarar alerta por violencia de género en Jalisco, solicitud que se ha hecho desde hace dos años a las autoridades estatales.

El colectivo detalló que entre enero y agosto 129 mujeres fueron asesinadas en Jalisco, pero sólo 17 por ciento de los crímenes fueron tipificados como feminicidios.

Señaló también que, de conformidad con lo estipulado en el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otras disposiciones, se fijaron plazos a las autoridades para aplicar medidas, pero el problema se agudizó.

‘‘Manifestamos nuestra preocupación por la prevalencia de la violencia feminicida en Jalisco, la desaparición de niñas y mujeres y la falta de acceso a servicios especializados de salud que incluyen la interrupción legal del embarazo en casos de violencia sexual’’, manifestó el organismo en un comunicado.